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La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado que la deuda que mantiene el Gobierno de España con el sistema de dependencia andaluz supera ya los 4.000 millones de euros desde 2019 a 2024. Esta cifra es la diferencia de los fondos aportados por la Junta y el Gobierno de Sánchez desde que Juanma Moreno es presidente, pese a que la ley establece que el Ejecutivo central debe aportar la misma cantidad que la comunidad autónoma.
Durante su comparecencia en el Parlamento, la consejera ha recordado que la Ley de Dependencia nació hace más de 17 años y requería un cambio porque “es una buena ley pero no funcionaba”. “Necesita gestión y financiación”, ha explicado, incidiendo en que desde la Junta de Andalucía se han aportado 4.000 millones más a la dependencia que el Gobierno de España desde 2019 a 2024, al que ha reclamado que asuma su parte correspondiente para el sostenimiento del sistema. Por ello, considera que “o se está con Pedro Sánchez o con las personas dependientes de Andalucía”, ha enfatizado.
De este modo, ha recriminado la infrafinanciación que padece el sistema de dependencia, la cual se ha agravado este año al sufrir un recorte de 200 millones de euros al haberse prorrogados los Presupuestos Generales del Estado a causa de la decisión del Ejecutivo central de ni siquiera presentar las cuentas para su votación en el Congreso. De hecho, López ha recordado que el propio ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reconocido este recorte de fondos y ha admitido los efectos de la falta de presupuestos que, por ejemplo, ha supuesto “al menos 600 millones menos para dependencia en España”.
Ante esto, ha lamentado “el nuevo atropello” del Ejecutivo a los andaluces y, especialmente, a las personas en situación de dependencia. En concreto, la Junta de Andalucía aporta prácticamente siete de cada diez euros al sistema y, pese a esta falta de financiación, Andalucía ha superado por primera vez las 426.000 prestaciones, las 288.000 personas beneficiarias y ha reducido la lista de espera de dependencia. A este respecto, ha indicado que el Gobierno de España está aún muy lejos de cumplir con la ley y aportar la misma cantidad que la Junta de Andalucía para sostener el mayor sistema de dependencia del país.
“Personas frente a estadísticas”
Por su parte, la consejera ha remarcado el decreto de simplificación puesto en marcha para agilizar trámites y acortar plazos, evidenciando “el compromiso firme” para transformar el sistema de dependencia y conseguir una mejor respuesta al ciudadano.
López ha puesto el acento en la reordenación que se ha hecho por el sistema ya que, frente a los cinco aplicativos informáticos que se usaban antes para el expediente de una única persona, ahora se han unificado en uno solo. Como ha explicado, esto está provocando que afloren expedientes sin resolver, pero “entre estadísticas o personas, elegimos a las personas”. El hecho de atender expedientes de etapas anteriores hace que aumenten los días de espera, como ha señalado la propia consejera, pero el objetivo es que nadie se quede atrás.
Además, el decreto incluye que el procedimiento de valoración y reconocimiento de la dependencia se haga con una única visita al domicilio de la persona y no en dos, lo que evita molestias innecesarias, se preserva la intimidad de las personas y se reducen plazos. Consciente de que estos cambios en el sistema necesitan tiempo para su correcta implantación, López ha sido contundente y ha dejado claro que el fin es mejorar el sistema para ofrecer la mejor cobertura posible a quien más lo necesita.
