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La sanción millonaria que el Tribunal Europeo impuso a España por la mala depuración de las aguas residuales en zonas como Matalascañas e Isla Cristina no solo “erosiona” la credibilidad del país, sino que además reducirá los recursos que se podrían dedicar a mejorar la calidad del agua y amenaza el acceso a posibles fuentes de financiación europeas.
Así se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, donde se han abordado las causas y las consecuencias de la multa millonaria que el Tribunal de Justicia de la UE ha impuesto a España por incumplir la correcta depuración de sus aguas residuales en 17 importantes aglomeraciones urbanas.
La sentencia, en concreto, condenó a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma de 12 millones de euros por el retraso en atender las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales de nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes.
Entre las aglomeraciones urbanas afectadas por la sanción se indica que siguen en situación de incumplimiento Matalascañas e Isla Cristina.
En el caso de la playa almonteña la competencia reside en el Gobierno central y ya se está trabajando en ella, mientras que el problema en Isla Cristina es de competencia autonómica.
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