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PP y Cs han cerrado este viernes el acuerdo programático que llevan dos semanas negociando y que incluye en primer término una veintena de medidas para cien días, como parte de un documento más amplio de entre 80 y 90 iniciativas para la legislatura que será la base de un gobierno de coalición, tal y como esta Redacción avanzó a primeras horas de la jornada.
De este modo, los líderes de ambos partidos, Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs) han anunciado, en dos actos diferentes, la concreción del pacto programático, que ahora dará paso a una negociación para la Mesa del Parlamento y para la investidura del presidente de la Junta.
Así, en los primeros cien días se llevarán a cabo, entre otras, medidas para la eliminación de los aforamientos y para crear la comisión de investigación sobre la Fundación andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), según ha informado Marín.
También se pondrá en marcha una ley de despolitización de la administración pública, la ampliación de la tarifa plana para los autónomos, una nueva bajada del IRPF, la certificación de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones y un plan de choque inmediato para la mejora de la sanidad y programas específicos de esfuerzo educativo para los estudiantes.
Los populares consideran que el programa es solo una parte y que el pacto debe ser “global” (programa, Mesa e investidura) antes del próximo jueves, día 27, cuando se constituye el Parlamento. Si no es así, no habrá acuerdo, según fuentes del partido.
Vox
Mientras tanto, Vox ha reiterado que no será “un obstáculo para el cambio” ni “cómplice de la continuidad del socialismo en Andalucía con otras siglas”, si bien ha planteado sus propias demandas.
En un comunicado, la formación de Santiago Abascal ha advertido de que su grupo en el Parlamento andaluz, con 12 diputados, ha acusado a Cs y al PP de que “despreciar” la “voz de 400.000 andaluces” y de, “en ocasiones, maltratarlos de palabra, y ni siquiera han condenado el acoso y demonización que han sufrido”, además de negarse a incluir a este partido en la mesa de negociación para el nuevo Gobierno andaluz.
De igual modo, advierte que planteará al futuro Gobierno andaluz una serie de “cuestiones”, como la devolución de las competencias autonómicas de Educación, Sanidad, Justicia y Seguridad al Ejecutivo central y una reforma estatutaria para conseguir la supresión de entidades que duplican a otras estatales.
También pedirá la “supresión de agencias administrativas superfluas, revaluación de la utilidad y supresión de gran parte de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Junta, fundaciones y consorcios de la Junta de Andalucía y fondos sin personalidad jurídica”.
De igual modo, exigen la “reducción al máximo del gasto público de Canal Sur” y la “eliminación inmediata de uno de los dos canales, con el objetivo final de la supresión de la televisión autonómica sustituyéndola por la emisión territorial de TVE”.
Vox también solicitará la supresión del 99 % de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la reducción un 5 % en el tramo autonómico del IRPF.
En Educación, exigirá “pruebas de nivel externas al término de cada ciclo educativo y la expresa autorización de los padres a que sus hijos reciban actividades o contenidos extracurriculares que tengan implicaciones ideológicas o morales”.
Vox también aspira a la sustitución de la Ley Andaluza de Violencia de Género por una Ley de Violencia Intrafamiliar y a la derogación de la Ley Andaluza de Memoria Histórica, así como a la sustitución de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una Consejería de Familia y Natalidad.
Y a la sustitución del PER por un Plan de Fomento del Emprendimiento en el ámbito rural “combatiendo el fraude en las subvenciones”.
Además, pedirá “la colaboración total con Policía y jueces para repatriar a los inmigrantes ilegales y para combatir a las mafias del comercio callejero ilegal” y un plan de apoyo a la tauromaquia y la caza.
