La auditoria que puso en marcha el equipo de gobierno popular cuando llegó al poder ha dejado al descubierto una controvertida operación: el equipo de gobierno socialista de Almonte compró en noviembre de 2006 cuatro fincas rústicas de secano en la Dehesa de Santa María por 4,3 millones de euros cuando un reciente informe encargado al perito agrícola municipal apunta a que en función de las valoraciones en las referencias catastrales ‘el valor de las cuatro fincas no excedería de 1’7 millones de euros’.

Así lo ha explicado esta mañana el portavoz del equipo de gobierno del Consistorio José Joaquín De la Torre, quien asegura que la operación presenta ‘irregularidades’ como la ausencia de una memoria justificativa de la adquisición, del informe del secretario y de la comunicación formal a la consejería de Economía y Hacienda de la Junta.

Según De la Torre, ‘el partido socialista deberá explicar por qué se pagó el doble por unos terrenos con los que sólo se pretendía incrementar el patrimonio municipal’. En la actualidad su utilidad ‘se limita a un alquiler de 100 euros la hectárea al año’.

Condavisión también ha hablado esta mañana con el portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento de Almonte, José Villa, quien insiste en la transparencia de la operación alegando que el informe que ha realizado el perito ‘es parcial’ en la medida en la que ‘sólo es agronómico, no entra en otras consideraciones’. Según Villa, ‘no ha utilizado el método de valoración que estaba vigente en aquel momento sino la media de valores catastrales, aspecto que no contemplaba entonces la ley’.

En este sentido, el socialista ha explicado que en aquellos años del boom inmobiliario ‘había unas expectativas muy altas y las transacciones privadas eran caras’. El anterior equipo de gobierno tiene constancia de compraventas en los alrededores de esas fincas ‘con precios similares e incluso superiores a los que pagó el ayuntamiento’. Ejemplo de ello sería el Recinto Ganadero y las fincas del polígono industrial El Tomillar.

Asimismo, el que fuera concejal de Turismo, afirma que ‘ya se habían hecho las gestiones para hacer una ciudad deportiva en los terrenos que se adquirieron, a unos 700 metros del casco urbano’. Tanto es así, que ‘había proyectos avanzados como la construcción de un campo de tiro para el que incluso tenían inversores’. ‘Todo se paralizó por la crisis’, que puso de manifiesto que no era el momento de abordar ese tipo de proyectos.

El socialista tampoco entiende por qué la tasación se le ha encargado a un perito agrónomo cuando ese trabajo ‘siempre lo ha hecho el arquitecto técnico del ayuntamiento’. Entiende que ‘se ha fabricado este informe para montar la denuncia’, pues le resulta ‘curioso’ que ese perito ‘tenga un decreto de gratificación de 450 euros al mes’.

Esta declaración es la que más ha indignado a De la torre,pues ‘viene a decir que se ha sobornado funcionario público’. Los 450 euros que recibe el perito además de su sueldo mensual se deben, según el popular, a ‘un plus que reciben los jefes de cada una de las áreas en las que se divide el ayuntamiento almonteño’. Esa gratificación se hace ‘desde hace más de 20 años e incluso cuando gobernaba el PSOE la cuantía era superior, 600 euros’.

De la Torre también denuncia que la maniobra de compra se hiciera en ‘tiempo récord’, considerando que ‘se pactó con anterioridad a la oferta’. Villa, por su parte, ha explicado que ‘la oferta la hicieron los propietarios, y ellos realizaron el expediente que luego se llevó a la Junta de gobierno donde se aprobó’. No entiende dónde está el problema. ‘Que se tardara poco tiempo refleja la diligencia con la que trató la compra’.

Sin embargo, los populares se encuentran en actualidad ‘recopilando toda la información sobre el asunto’ y presentarán una denuncia por la vía penal esta misma semana ‘para que la Justicia determine si la compra puede ser un hecho constitutivo de delito’.

Pepe Villa confirmó a Condavisión que su equipo ‘está tranquilo’ y ‘con ganas de demostrar que hicieron las cosas correctamente y por el bien del municipio’, aunque insta a los populares ‘a pagar la denuncia con dinero propio’. ‘Contratan a un abogado de la calle’, que según Villa, ‘llegó de la mano del partido andalucista, teniendo el ayuntamiento abogados suficientes en plantilla’. Existen, según su testimonio, ‘informes del interventor que certifican que esa contratación es ilegal’.