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La familia del doble crimen de Almonte, en el que murieron un padre y su hija de ocho años en 2013, se ha reunido este jueves con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, con objeto de hacerla conocedora de “la ola de insultos, calumnias y difamaciones que viene recibiendo desde hace años, que en las últimas fechas se ha vuelto a reproducir” y “solicitar amparo” por estos hechos.
Esta reunión está enmarcada en la ronda de encuentros mantenidos la semana pasada con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, según ha informado en un comunicado el portavoz de la familia, Aníbal Domínguez, hermano y tío de las víctimas.
La familia ha asistido a la sede la de la Subdelegación del Gobierno acompañada de una representación del movimiento popular conocido como ‘Corazones Verdes’, que quieren una vez más mostrar su respaldo a una familia víctima “revictimizada”.
De esta forma, la pretensión de la familia es que la subdelegada del Gobierno “tome nota y conciencia de la situación de gravedad e insostenibilidad que se vive en la población por culpa de un sector de personas” que según los familiares los “atacan de la forma más abyecta y vil, sin que hasta la fecha ninguna institución pública haya evidenciado un gesto de protección al dolor” de la familia.
“Sabemos que la principal administración que debiera tomar cartas en el asunto para mediar y dar cobijo al honor de las víctimas es el Ayuntamiento de Almonte”, pero esta familia “ha intentado por activa y por pasiva que el equipo de Gobierno de Rocío Espinosa convocara una junta local de Seguridad para tratar el tema”, que consideran “que ha traspasado los límites de la normalidad haciendo un llamamiento a la población a fin de que se abstuviera de proferir tales difamaciones y no ahondar de esa manera el dolor de las víctimas”.
Así, según Domínguez, “la respuesta del equipo de Gobierno de Rocío Espinosa ha sido el ningunear a estas dos familias y ni siquiera empatizar con nuestro sufrimiento”.
Es por eso, por lo que este jueves “han solicitado a la subdelegada del Gobierno en Huelva un compromiso firme de implicarse como institución en este asunto y si es preciso llamar al orden al Ayuntamiento de Almonte para sentarse en una Junta Local de Seguridad Extraordinaria con objeto de atajar esta problemática, ya que la situación puede derivar, en algún momento, en consecuencias graves”.
A este respecto, “nuestro empuje para que las instituciones se hagan acopio de nuestra situación no acabará aquí, puesto que la recogida de firmas que han superado ya las 3.000 serán llevadas ante el Defensor del Pueblo andaluz para que inste a las autoridades públicas pertinentes a que intervengan y cesen de inmediato los ataques a unas familias que están desamparadas”, ha subrayado.
En este sentido, la familia ha valorado positivamente el encuentro mantenido con el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, el pasado viernes donde les trasladó que “la Fiscalía intervendrá en todo aquel acto que suponga un delito y que en este caso último y en los anteriores en los que se pone de manifiesto ataques directos a la figura de Aníbal Domínguez como hermano y tío de las víctimas, serán perseguidos por el propio Ministerio Fiscal en el mismo momento que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se encargan de investigar los hechos consumados den traslado al juzgado”, ha explicado.
Hay que recordar que a mediados de mayo Aníbal Domínguez denunció ante la Guardia Civil “comentarios ofensivos” por parte de una persona en su perfil de Facebook, en el que decía que Domínguez “puede ser el asesino de su hermano” y que “no lo quería”.
Según rezaba la denuncia a la que tuvo acceso Europa Press, el familiar aportó una captura de pantalla en la que se mostraba el contenido del comentario, aportado por una testigo de los hechos que se la facilitó a Domínguez y que se mostró disponible como testigo. Así, también explicaba el documento que tras darse cuenta la persona de que el comentario fue conocido por el denunciante, “borra el contenido”.
En cuanto al caso, Aníbal Domínguez asegura que van a ir a donde haga falta para conseguir justicia y no descartan pedir amparo a la justicia europea.
