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El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha pedido la colaboración del presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, para que llame «al camino de la legalidad» a los miembros de su partido que «están promoviendo el incumplimiento» de sentencia judicial que obliga la cierre de pozos ilegales en el entorno de Doñana.
Así, el delegado ha censurado las manifestaciones del vicepresidente del PP de Huelva, Alberto Fernández, exparlamentario andaluz y exalcalde de Ayamonte, en las que anima a los agricultores de la comarca de Doñana en sus movilizaciones contra el cierre de pozos ilegales por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Fernández ha considerado estas palabras como «un acto de irresponsabilidad que no es de recibo en un partido de Gobierno que debe velar por la garantía del Estado de Derecho, ya que suponen, de facto, una obstaculización a la Justicia ante la obligación de ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), toda vez que la Unesco ha advertido que vigilará de cerca lo que ocurra en Doñana durante los dos próximos años».
«Para el Gobierno este es un asunto de Estado que tiene la prioridad de conservación de este Parque Nacional, el humedal más importante de Europa y una de las grandes joyas de la naturaleza española», ha dicho añadiendo que en este sentido el Gobierno es «claro» pues «no va a haber tregua para las prácticas ilegales que es la mejor defensa del sector agrícola de Huelva que cumplen con la legalidad y para el prestigio de los frutos rojos onubenses en Europa».
El delegado ha apelado a la necesidad de colaboración entre las administraciones competentes. La Junta es la que ordena, mediante el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, el territorio y su superficie regable. Este plan, aprobado en 2014, configura un modelo de ordenación territorial que permite el desarrollo sostenible de este entorno en virtud de la ordenación de los regadíos, el control del recurso, la conectividad ecológica y la protección del paisaje.
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica está intensificando las acciones para proteger las masas de aguas subterráneas del entorno de Doñana. Con carácter general, se están revisando todos los montes públicos de ayuntamientos, así como las explotaciones que causan mayor afección al medio ambiente por uso ilegal del agua. Esta vigilancia y control se está desarrollando tanto a pie, sobre el terreno, como mediante la teledetección de la superficie agrícola.
«Seguiremos trabajando para reducir la presión sobre los acuíferos y cerrar los pozos, aunque hay que marcar la línea divisoria entre la actividad agraria regulada y amparada en derechos concesionales, de las prácticas ilegales que, además de afectar gravemente al equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los recursos hídricos, distorsionan la propia estabilidad de los mercados agrarios», ha concluido Lucrecio Fernández.
