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La familia de las víctimas del doble crimen de Almonte ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado, que investiga las muertes de Miguel Ángel Domínguez y a su hija María, ambos asesinados en abril de 2013, en el que solicita que desestime la petición de Francisco Javier Medina, absuelto tras un veredicto del tribunal del jurado de no culpabilidad y con tres sentencias absolutorias, de constituirse como acusación popular al mediar “mala fe y temeridad” y considerar que “puede entorpecer” la investigación.
En el escrito anuncia también el cambio de letrado que a partir de ahora defenderá sus intereses como acusación particular y que será José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones en sustitución de Luis Romero.
A su vez, y en consecuencia, el nuevo letrado y para tener un conocimiento de este complejo procedimiento penal, solicita autorización del tribunal para, a partir de ahora, poder examinar las actuaciones en la sede judicial y solicitar copia de cuantas resoluciones sean precisas para realizar una defensa “digna”.
Así, por lo que respecta a la petición de la contraparte de constituirse como acusación popular, el nuevo abogado considera que dicha petición “no está justificada y que, menos aún, cumpla con los requisitos que establece la Ley Procesal Penal”.
Al respecto, ha asegurado que “sorprendió sobremanera que la persona que durante años fue procesada en este asunto y su entorno familiar, tras declararse firme la última sentencia del Tribunal Supremo por la cual absolvía a dicha persona, realizaran una anterior petición de constituirse en acusación particular”, a lo que ha añadido que ahora “sorprende más” que quieran personarse como acción popular y con ello poder conseguir una información de primera mano de cuantas investigaciones se puedan llevar a cabo en este nuevo periodo.
El letrado ha asegurado en su escrito, que no van a permitir que personas que “pudieran estar relacionadas directa o indirectamente con este crimen macabro, ahora quieran presentarse en este tribunal como anónimos ciudadanos que quieren ejercer una acción cívica para esclarecer unos hechos y se descubra cuál es el verdadero autor de estos hechos tan deplorables”.
Por todo ello, ha manifestado su “absoluta disconformidad” con tal petición y asegura no poder aceptar que “personas que hayan podido tener relación con estos hechos, ahora se encuentren en la misma posición procesal que los padres del fallecido y de la familia de la menor”.
