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El portavoz adjunto del Partido Popular Andaluz en el Parlamento, Pablo Venzal, ha denunciado que el Gobierno de España ha anunciado un recorte de 8.300 millones de euros para las contrataciones que el Ministerio de Defensa realiza con sectores como el aeronáutico, el naval, el del metal y el de las tecnologías de doble uso, lo que afecta directamente a la industria andaluza por culpa del “populismo de este Gobierno de izquierdas”.
Según ha explicado Venzal, el ministerio ha anunciado contrataciones por valor de 2.556 millones de euros, lo que supone una merma de 8.300 millones respecto a la previsión del Gobierno de Rajoy para 2018, de forma que, además de “incumplir con los compromisos internacionales”, el Ejecutivo de Sánchez también “va a poner en grave riesgo la economía andaluza”, ya que a Andalucía es donde iría destinada “la inmensa mayoría de las contrataciones” al ser la segunda comunidad productora del sector.
En ese sentido, el portavoz popular ha expuesto cómo este sector, sin incluir a grandes empresas como Navantia y Airbus, emplea a 15.000 trabajadores y factura 400.000 millones de euros, además de exportar “una parte importantísima” como es el 82% de su volumen de negocio. Todo ello, asegura, ha permitido hasta ahora trabajo estable y un crecimiento exponencial de la actividad, pero la “merma en las contrataciones” decidida por el Gobierno de Sánchez “pone en peligro todo esto”, algo que también ha sido advertido ya “con preocupación” por el sector del metal, que cuenta con 700 trabajadores y 119 empresas.
Precisamente sobre el sector del metal, Venzal ha expuesto la problemática creada a la compañía Santa Bárbara, para la que había prevista una contratación “en cumplimiento de los acuerdos internacionales” para hacer el carro de combate 8×8 y que “finalmente no se lo adjudicaron” poniendo en “grave peligro la viabilidad” de esta empresa y de otras empresas del metal en Andalucía que eran sus suministradoras.
Esto se une a falta de inversiones del Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, a otras empresas como Airbus, que trabaja en cuatro aviones y que también ha visto una importante merma de ingresos.
Por todo ello, ante estos “dislates en las actuaciones del Ministerio de Defensa”, los populares andaluces han reclamado explicaciones a la ministra y van a presentar sendas iniciativas en el Parlamento de Andalucía en apoyo al sector, concretamente solicitando una declaración institucional mostrando el apoyo de la Cámara autonómica a la compañía Santa Bárbara y una proposición no de ley reclamando apoyo inversor a los sectores económicos andaluces relacionados con defensa.
“El competente es el Gobierno de la Nación y, por su parte, está habiendo una falta de apoyo al sector andaluz que genera miles de puestos de trabajo”, agravándose con “un importante problema” como es que la comisión interdepartamental que coordina toda la labor comercial de la producción en materia de defensa “tenga paralizadas las autorizaciones de exportación, con un grave peligro para la materia”.
Para Venzal, “el mal trabajo que está haciendo el Gobierno amenaza directamente al sector por esa falta de apoyo a la tecnología aeroespacial”, recordando que en Andalucía hay cuatro plantas y cómo el Ejecutivo no ha complicado con uno de los grandes retos que tenía este sector en concreto como era “el desarrollo del futuro avión de combate”, que debería haber adjudicado a Airbus y finalmente no lo hizo. “El Gobierno de España tiene que cesar en su populismo y dejar de mirar para otro lado, empezando por dar las autorizaciones comerciales que suponen miles de puestos de trabajos en todos los sectores relaciones con la defensa”, ya que precisamente “lo que necesitamos es generar empleo y seguir creciendo económicamente”.
EL ‘DECÁLOGO DEL AGRAVIO’ DE SÁNCHEZ A LOS ANDALUCES
Venzal ha expuesto este recorte a los sectores andaluces relacionados con defensa como uno de los agravios de los que conforman un decálogo de los mismos por parte del Gobierno de Sánchez a los andaluces.
A ello se le sumarían los 537 millones del IVA que el Ejecutivo socialista se niega a pagar a Andalucía, los retrasos en las entregas a cuenta, las mermas en las liquidaciones de éstas respecto a 2019 y 2020, la parte del IVA que debería ir a los ayuntamientos andaluces que tampoco está pagando, el hecho de pretender un mayor endeudamiento que “hace menos competitiva a la economía”, una subida de impuestos, un anuncio de recurso ante la solución dada por la Junta para las viviendas fuera de ordenación, la desidia del Ejecutivo ante los problemas del campo y la asimetría de éste en las transferencias a las CCAA, ya que “a los andaluces nos baja” las mismas cuando las acrecienta para Cataluña.
