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El portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha anunciado que el partido naranja y el PP han registrado una proposición de ley en el Parlamento de Andalucía que “dará la seguridad jurídica a las concesiones portuarias onubenses que no tuvieron con los sucesivos gobiernos socialistas”. El nuevo texto normativo, que modifica la ley 21/2017 de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, establece los plazos de las concesiones y las prórrogas, de modo que los concesionarios puedan hacer previsiones a medio y largo plazo.
Díaz ha explicado que “actualmente los puertos no pueden hacer previsiones porque el desconocimiento del tiempo de vigencia de sus concesiones impide realizar nuevas inversiones y contrataciones de personal, poniendo en peligro el empleo”. El parlamentario andaluz ha detallado que los 17 puertos andaluces que dependen de la Agencia de Puertos de Andalucía, con siete concesiones, entre los que se encuentran los de El Rompido, El Terrón, Huelva, Marina Nuevo Portil, Marina de Isla Canela y dos concesiones en Punta Umbría, en la provincia de Huelva, cuentan con 500 empleados en plantilla y gestionan más de 7.000 atraques. “Estos datos dan cuenta de la trascendencia social y económica de este conflicto, que urge una solución, que Ciudadanos quiere dar con esta proposición de ley”, ha indicado.
“A la vista de esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio planteó ante el Consejo de Gobierno en junio del año pasado la gravedad del problema y la urgente necesidad de resolverlo”, ha abundado Díaz, que ha añadido que la Consejería, una vez conocido el texto de la proposición de ley, ha mantenido reuniones con la Administración Estatal, “alcanzando un primer acuerdo en la filosofía del texto”, y con el sector, “en la búsqueda del máximo consenso que resuelva la situación con las concesiones y los clubes náuticos”.
El vicepresidente del Parlamento ha recordado que “el origen del problema reside en que las concesiones portuarias andaluzas se asientan sobre parcelas de suelo de competencia estatal y se regulan a través de normativas de costas y puertos, que han llevado a diversas interpretaciones sobre su aplicación. Tras varios informes jurídicos y reiteradas consultas, la última en enero de 2019, el Estado no se ha pronunciado más que para indicar que cada Comunidad Autónoma debe interpretar la legislación vigente dentro de sus competencias”, pero, ha lamentado Díaz, “esta situación se ha resuelto en otras comunidades con una legislación propia que no se quiso hacer en Andalucía. El Gobierno de la Junta anterior no abordó esta cuestión pese a que, en verano de 2018, en el Parlamento de Andalucía, se presentó una proposición de ley, pero su tramitación le caducó a Susana Díaz al disolver la Cámara”.
El portavoz de Cs ha insistido en que “la finalización de estas concesiones podría acarrear la pérdida de cientos de empleos directos e indirectos y la paralización económica por la pérdida de actividad. La Consejería de Fomento debería asumir la gestión directa mientras se tramitan las nuevas concesiones, pero no dispone de los recursos humanos y materiales suficientes. Sumando a todo ello los perjuicios económicos ante posibles reclamaciones de las entidades concesionarias y de terceros por el uso de atraque con contratos”.
El nuevo texto normativo, según ha detallado Díaz, “no sólo tiene por objeto regular de forma concreta el problema existente, sino además adopta las medidas de carácter social para la regeneración y consolidación del empleo, promover el acceso de todos los ciudadanos a los puertos y el ejercicio de deportes náuticos”. En concreto, regula el problema existente, sobre todo en 13 concesiones relevantes en toda Andalucía y “determina que estas concesiones tienen un plazo de 50 años desde la entrada en vigor de la ley de Puertos del Estado del año 1992, con la posibilidad de otorgarle una prórroga si realizan una inversión de 0,25 y el 5 % por año de prórroga del valor de las instalaciones de la concesión”; amplía el plazo máximo de las concesiones demaniales de 30 a 50 años, con un período de prórroga extraordinaria con un tope máximo de 75 años, “con el propósito de promover una mayor inversión privada y competitividad de los puertos andaluces”, e introduce la norma de derecho transitorio que posibilita a las concesiones otorgadas con anterioridad acceder a estas prórrogas, “incluyendo a aquellas concesiones no vigentes si hubieran tenido derecho a estas prórrogas si la Junta hubiera legislado en su momento”.
