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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobadoo este miércoles una modificación del Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo, sobre medidas de mantenimiento del empleo en el ámbito de la contratación del sector público, con el objetivo de adaptar la normativa al régimen establecido por el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, del Gobierno central, de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social por la crisis sanitaria y la declaración del Estado de Alarma. Éste restringía los efectos del Decreto-Ley 3/2020, que recogía la continuidad de los pagos por parte de la Junta a las empresas con contratos de prestación de servicios pese al cese de la actividad, condicionado al mantenimiento de los puestos de trabajo, e incluso también con la modificación posterior de 31 de marzo, dado que el Real Decreto establecía que la suspensión de los contratos deberá ser compensada con una indemnización por daños y perjuicios.
Con el Decreto-Ley 7/2020, de 1 de abril, el Gobierno Andaluz, con el fin de garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo adscritos a los contratos de prestación de servicios, acuerda la continuidad de los pagos de los contratos suspendidos por las medidas adoptadas por el Covid-19 en la cuantía y los términos que establece el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, con la consideración de abonos a cuenta. De esta forma, el Gobierno Andaluz facilita que las empresas puedan seguir pagando salarios y costes laborales a sus empleados con la periodicidad establecida en sus contratos.
Esos abonos estarán condicionados a que la empresa acredite los costes referidos y la permanencia de la plantilla de trabajo adscrita al contrato en cuestión, en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que dure la suspensión, así como el abono de los salarios.
El consejero de Educación y Deporte ha subrayado «la determinación del Gobierno de Andalucía para tomar las medidas necesarias para proteger el empleo en una situación tan compleja, con una repercusión especial en el ámbito educativo, donde las empresas podrán seguir afrontando los gastos de personal, incluyendo los pagos de los salarios a más de 30.000 trabajadores mientras dure el estado de alarma. Esa fue la voluntad de la Junta de Andalucía desde el primer momento con el decreto del 16 de marzo y ahora con este del 1 de abril, que da claridad y seguridad jurídica por el marco establecido a posteriori por el Gobierno estatal».
