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El posible plan de incautaciones de empresas que pide el vicepresidente segundo de Derechos Sociales el Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido recibido como un jarro de agua fría por parte de la patronal, que considera que ello podría suponer la ruina económica para gran parte de los empresarios en todo el país.
Es más, algunos temen que el ansia intervencionista de Iglesias podría llevar a España a una situación parecida a la que vive Venezuela.
De momento, Iglesias defiende que el artículo 128 de la Constitución, que establece que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general».
Mientras, algunos empresarios han recordado otro artículo, el 33, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la indemnización en caso de que alguien sea privado de sus bienes y derechos en caso de que haya causa justificada de utilidad pública o interés social.
De momento, Iglesias se mueve dentro de la inconcreción, pero su actitud ha dejado a gran parte de la patronal española en una gran incertidumbre.
