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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha celebrado en Málaga una videoconferencia con siete autónomos andaluces a los que ha trasladado el apoyo de su Gobierno ante la crisis del coronavirus Covid-19.
De esta manera, ha querido conocer de primera mano los problemas que este sector está encontrando desde que se decretara el Estado de Alarma en el país el pasado 14 de marzo. Durante el encuentro, en el que también ha estado presente la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, Moreno ha expuesto a autónomos de distintas provincias de Andalucía las medidas de ayuda a autónomos y pymes que seguirá reclamando al Gobierno de la Nación. Asimismo, ha reconocido que los autónomos y pymes son una prioridad en las políticas para el Ejecutivo andaluz. “Sois clave en el presente y futuro de Andalucía. No se puede entender el tejido productivo andaluz sin vuestro trabajo y esfuerzo diario”, ha dicho. Iniciativas que han situado a Andalucía como la segunda comunidad autónomas en incremento porcentual de afiliación al régimen de trabajadores autónomos en el último año.
Ejemplo de ello es el Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo, con un presupuesto en 2020 de casi 45 millones de euros, la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o la modificación de la normativa existente para, entre otras cosas, incrementar en torno al 30% las cantidades para líneas de ayuda.
Y ante la crisis del coronavirus, el Gobierno de Andalucía quiere estar “más que nunca” con los autónomos y pymes andaluces. Por eso, se aprobó un primer paquete de medidas para movilizar unos 1.000 millones de euros, de los que 900 millones iban destinados a autónomos y pymes. También medidas de apoyo financiero, como la no suspensión de los pagos a empresas contratadas por la Junta de Andalucía, y medidas tributarias y de derecho público, como la ampliación en tres meses de los plazos de presentación y pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, lo que supone colocar en el bolsillo de los andaluces 270 millones de euros, entre otras medidas.
