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El Gobierno central, a través del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden ministerial por la que se modifican algunos programas del Plan Nacional de Vivienda y que, por ejemplo, permite a las administraciones autonómicas obligar al alquiler de viviendas privadas para hacer frente a necesidades específicas de «víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».
Lo más llamativo de la polémica modificación reside en el apartado 3, que recoge la obligación de que las comunidades autónomas pongan a disposición de estas personas «una vivienda de titularidad pública».
Si ello no es posible, el ministerio que dirige José Luis Ábalos advierte que «la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes», según recoge El Independiente.
A este respecto, fuentes del Ejecutivo citadas por Vozpopuli niegan que ésto deje la puerta abierta a cualquier tipo de expropiación, lectura que se ha extendido ampliamente este sábado. Sin embargo, reconocen que faculta a las administraciones a contactar directamente con los propietarios para poner viviendas a disposición de estas «personas especialmente vulnerables». Los dueños de las viviendas cobrarían a través de las ayudas que la propia Administración concedería a los beneficiarios, y que también recoge el BOE de este sábado.
Para El Economista, tras esta iniciativa podría estar la mano del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y de los líderes de Unidas Podemos, partidarios de la incautación de la propiedad privada, vivienda y empresa incluidas, para solucionar los problemas de escasez de vivienda social y de medios para combatir la pandemia.
Por su lado, el secretario general de Vivienda, David Lucas, ha negado que la orden para modificar el Plan Estatal 2018-2021 que se ha publicado este sábado en el BOE faculte expropiaciones de viviendas privadas o ampare ‘okupaciones’ u otras prácticas ilegales, tal como han denunciado PP y Vox.
«No se faculta la expropiación, se permite que la ayuda del plan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido en derecho», ha explicado Lucas en declaraciones a Europa Press.
La orden ministerial, que desarrolla en el Plan Estatal de Vivienda la nueva ayuda para el pago del alquiler de vivienda habitual a arrendatarios vulnerables sobrevenidos por la epidemia de COVID-19, incluye un programa de ayudas directas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, sin hogar y especialmente vulnerables para facilitarles una «solución habitacional inmediata» mediante una ayuda económica.
Esa ayuda podrá ser de hasta 600 euros al mes y hasta el cien por cien de la renta o precio de ocupación del inmueble establecido, y en algunos casos de hasta 900 euros, más otros 200 para gastos de mantenimiento.
La orden establece que los Gobiernos autonómicos «pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública aunque mantenga la titularidad privada» que tenga las condiciones adecuadas, «para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho».
Lo que ha motivado las sospechas de PP y Vox es que, acto seguido, señala que «cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes».
Sin embargo Lucas ha recalcado que «el texto habla claramente de regímenes admitidos en derecho». «No se está habilitando la ‘okupación’, no estamos permitiendo nada ilegal, solo se faculta a las comunidades autónomas para que con esa ayuda se pague una vivienda», ha remarcado.
«En ningún caso se está amparando ningún tipo de ilegalidad, el texto es perfectamente legal y constitucional», ha insistido el Secretario General de Vivienda.
«El exprópiese ha llegado a España», ha escrito en Twitter el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, emplazando a actuar al Tribunal Constitucional. El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch había afirmado antes en la misma red que el Gobierno ha «colado en Semana Santa» una abolición de «la propiedad privada de la vivienda».
«Similar a medidas de Chávez que desataron una oleada de ocupaciones protegidas y sancionadas para la voladura del derecho de propiedad», ha dicho Tertsch.
El eurodiputado ha reconocido que estaba recibiendo multitud de mensajes diciéndole que su interpretación era errónea, «que no es así, que no dice nada de que sea obligatorio y que se supone que serán viviendas privadas que sus dueños ponen a disposición se supone de un precio que paga la administración».
Sin embargo, Tertsch cree que todo ello es «suponer demasiado» e insiste en que se «están borrando los derechos de la propiedad privada a la hora de disponer los poderes públicos de viviendas ajenas» y que por eso se hace «en Semana Santa».
