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La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha transferido desde el inicio del estado de alarma por la pandemia del Covid-19 hasta la actualidad cerca de 90 millones de euros (89.812.666,74 euros) a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales en concepto de pagos de las liquidaciones del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia.
Durante los tres últimos meses, Igualdad ha financiado este servicio equiparándolo a las liquidaciones correspondientes a febrero, mes anterior al decreto del estado de alarma, con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio y el mantenimiento del empleo.
Puesto que en Andalucía existe una evolución favorable de los efectos del Covid19, se considera necesario volver a establecer la normalidad con respecto a la financiación del servicio de ayuda a domicilio, una vez conocidos los informes sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por coronavirus en centros residenciales y en domicilios de Andalucía, y realizadas las pruebas de detección pertinentes.
Así, el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la modificación de las medidas previstas en el Acuerdo de 16 de marzo de 2020, para garantizar la prestación del servicio de ayuda a domicilio durante la emergencia sanitaria y social provocada por la pandemia de Covid-19.
Este acuerdo restablece la financiación de esta prestación conforme a la Orden 15 de noviembre de 2007, por la que se regula este servicio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que establece un sistema basado en liquidaciones mensuales en función del servicio efectivamente prestado.
En Andalucía el servicio de ayuda a domicilio atiende a 87.317 personas en situación de dependencia, y es prestado por las entidades locales de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, de forma directa o a través de empresas prestadoras de servicios, y financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
Durante este periodo, desde que se inició el estado de alarma por Covid-19, se ha garantizado la cobertura de las necesidades básicas esenciales de las personas en situación de dependencia y, cuando ha sido necesario, se ha reconfigurado el contenido de las atenciones prescritas de forma personalizada y adaptada a cada situación concreta.
Las corporaciones locales y entidades gestoras han podido modificar el contenido de la atención siempre garantizando la cobertura de las necesidades básicas a los dependientes con escaso o ningún apoyo familiar.
De esta forma, el servicio ha podido variar en intensidad, desde las visitas domiciliarias para la verificación de necesidades cubiertas por otros cuidadores familiares hasta la incorporación de nuevas tareas imprescindibles o el incremento de intensidades horarias o asistenciales en los casos que sea posible.
En todo caso, las posibles reconfiguraciones deben garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los usuarios de grado III (grandes dependientes) y de las de grado II (dependientes severos) que tengan nulo o escaso apoyo familiar.
Finalmente, los servicios a dependientes grado I pueden quedar reconfigurados al seguimiento y atención telefónica y, en los casos de falta de apoyo familiar, al servicio de comida a domicilio.
Programa de seguimiento
Por su parte, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha puesto en marcha un programa de seguimiento del servicio de ayuda a domicilio, con el objetivo de conocer la efectiva prestación del mismo durante la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, a través de entrevistas telefónicas a personas beneficiarias.
Las medidas puestas en marcha por la Consejería han permitido flexibilizar la atención ajustándola a las necesidades de las personas en situación de dependencia en un contexto de frenar el contagio del virus, a la vez que han garantizado el mantenimiento del empleo de las auxiliares que prestan el servicio.
Por último, ha puesto a disposición de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones de Andalucía, como entidades gestoras del servicio de ayuda a domicilio, una serie de medidas para asegurar la salud y la seguridad de los trabajadores y prevenir el contagio con las personas usuarias en situación de dependencia.
