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El Gobierno central ha explicado este domingo que las 150.000 mascarillas incautadas por la Guardia Civil el pasado 16 de marzo a una empresa de Alcalá la Real (Jaén) «carecían de marcado CE», y que, por eso, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) solicitó la intervención de la Benemérita ‘»una vez que se tuviera conocimiento de la fabricación de estas mascarillas sin disponer de la perceptiva licencia».
De esta manera, el Ejecutivo responde a la pregunta de una diputada de JxCat, fechada el pasado 12 de mayo y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se cuestiona el «conocimiento» que podía tener el Ministerio de Sanidad de que «la empresa de Alcalá la Real a la que se incautaron mascarillas quirúrgicas llevaba semanas dedicando su práctica totalidad de producción al Servicio Andaluz de Salud».
Sin embargo, desde la oposición manifiestan que el Gobierno «falta a la verdad», ya que la propia Guardia Civil publicaba en una nota de prensa que estos instrumentos de protección «se destinarían al Hospital Infanta Sofía de Madrid», además de dejar patente la incoherencia que supone aludir ahora a la falta de marcado CE «cuando el propio Gobierno de España publicó en el BOE una Resolución por la que se dispensaba de la obligatoriedad del marcado CE ante la avalancha de demanda de mascarillas».
