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El Gobierno de España ha respondido con responsabilidad a la demanda de los usuarios de la Ley de Dependencia aumentando en 2020 el presupuesto para Andalucía en un 57,7 por ciento. La comunidad recibió un total de 122,6 millones de euros para atender a personas necesitadas de esta ayuda y para mantener el empleo que genera, principalmente entre la población femenina, uno de los sectores de la sociedad más castigados por la crisis que viene provocando el coronavirus, según indica el Partido Socialista en una nota de prensa.
La diputada nacional por el PSOE de Huelva, Pilar Rodríguez, portavoz adjunta de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, ha dicho que “tras los años de parón que sufrió la Ley de Dependencia bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, Andalucía “tuvo que soportar entonces a pulmón más del 80 por ciento del presupuesto destinado al desarrollo de la Ley para no dejar a nadie sin esta ayuda, que se ha vuelto ya imprescindible. Mientras tanto, el Partido Popular miró para otro lado, algo incomprensible, porque miles de personas esperaban su ayuda y otras tantas su puesto de trabajo”.
“El frenazo se tradujo en el decreto que firmó Rajoy en julio de 2012 cuando paralizó la incorporación de nuevas personas dependientes. Fue un auténtico hachazo a los derechos de las personas dependientes: incremento de los copagos, recortes en cuantías de ayudas económicas en el entorno familiar, reducción drástica en el mínimo exento de copago, nuevos requisitos que dificultaban el acceso a la Ley, ampliación de 6 a 2 años del plazo para resolver las solicitudes y un largo etcétera”, ha recordado.
Por ello, la diferencia entre un gobierno de derechas y un gobierno de izquierdas es “enorme”, ha dicho Rodríguez. Después de ocho años, el Gobierno de coalición pone en marcha un plan de choque de 800 millones para mejorar la atención de calidad a estas personas. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2021 se recoge una partida de 2.354 millones de euros para la Dependencia, un 34,4 por ciento más que en 2020. Huelva se beneficiará en un 19% más en el incremento para la dotación de dependencia y los cuidadores mantendrán su cotización.
El aumento para Andalucía en las ayudas para esta Ley da norte del compromiso del Gobierno de España con las personas dependientes y con sus cuidadoras. Andalucía es la principal receptora de los fondos del Estado para la Dependencia. A los 2,3 millones de los PGE hay que unir los 125 millones previstos de los 750 millones destinados a impulsar la economía de los cuidados y asentar el Estado de Bienestar que se distribuirán en el Consejo Interterritorial; y se mantiene, además, la cotización a la Seguridad Social de cuidadoras y cuidadores, calculada en más de 33 millones de euros.
Así las cosas, la diputada socialista onubense ha apuntado que “no es de recibo que al día de la fecha, en Andalucía y en Huelva haya que esperar una media de 621 días para que te concedan la ayuda para la dependencia”. Es decir, que “una persona que necesite irremediablemente tener a alguien en casa que le ayude a moverse, tiene que esperar casi dos años. Esto es caótico porque las personas que más necesitan de un Gobierno se encuentran desprotegidas”. Con la situación de pandemia y la crisis económica que atraviesa la sociedad, “lo último que puede hacer un Gobierno es dar la espalda a la gente, porque el daño no solo se le hace a quien lo necesite, sino a todo su entorno y a quien espera ese empleo”, ha remarcado la diputada moguereña.
Desde el PSOE se sienten «orgullosos de haber puesto en marcha La Ley de Dependencia -aprobada en 2006 por el Gobierno de Zapatero y considerada el cuarto pilar del Estado de Bienestar-, que fue tan criticada siempre y sigue generando controversia, porque la derecha no cree en ella, porque las personas que tienen recursos económicos no necesitan esta ayuda porque se la pueden pagar, pero la mayoría de la población sí la necesita. Por eso, el Gobierno de España, mientras sea del PSOE, -ha finalizado Pilar Rodríguez- va a seguir empeñado en ayudar en este sentido. De ahí que los Presupuestos Generales sean los más sociales de la historia”. Recordar que los PGE recogen 240 millones de euros para inversiones en gasto social, lo que supone el 60 por ciento del presupuesto total.
