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“Ciudadanos cumple con su compromiso de alejar y atajar la corrupción en las instituciones. No sólo apartando al corrupto desde la primera sombra de duda, sino también con una ley que establece los mecanismos de prevención y control efectivos”. Con estas palabras ha valorado Julio Díaz, parlamentario de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, la aprobación hoy, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, de la Ley contra el fraude y la corrupción política, que ahora inicia el trámite parlamentario y que permitirá que, “antes de que acabe el año, los andaluces contaremos por fin con una norma que destierre la corrupción de nuestras instituciones y proteja a los denunciantes, que en muchos casos antes eran presionados o expedientados por los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía”.
Díaz ha señalado que “la corrupción es el problema más grave de nuestra democracia porque horada sus cimientos, que socava, mancha y debilita las instituciones y la imagen de todos los que venimos con vocación de servir a los ciudadanos”, por esto, “Ciudadanos siempre ha mostrado tolerancia cero con la corrupción e impone su agenda naranja allí donde gobierna”, ha añadido.
El parlamentario onubense de Cs ha recordado que “la negativa de Susana Díaz y María Jesús Montero a crear la Oficina contra el fraude supuso el fin del apoyo de Ciudadanos al último gobierno socialista en la Junta, asediado por el juicio y las sentencias de los ERE” y que Cs arrancó en el acuerdo de gobierno con el PP “alejar de los órganos de gobierno de inmediato a cualquier responsable público que tuviera una causa judicial en marcha”. Ahora, además, impulsada por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que dirige el vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, nace esta ley que “establece mecanismos de prevención y control efectivos contra la corrupción, fomenta el cumplimiento de los deberes legales de los empleados públicos e impulsa la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública andaluza”.
Díaz ha subrayado que se trata de “una ley naranja pionera en España, que supone un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Andalucía”, ya que no sólo pone freno a las corruptelas en el ámbito de la Junta de Andalucía, sino también en todas aquellas instituciones, entes o administraciones que tienen una vinculación jurídico-económica con la Junta de Andalucía, tales como las universidades, los entes locales o incluso los sindicatos.
El parlamentario de Cs ha destacado igualmente que la nueva ley protege a los denunciantes de corrupción política, llegando incluso, en los ámbitos de la Administración de la Junta, “a trasladarlos de sus puestos de trabajo, para evitar presiones de sus superiores, algo de lo que se quejaban los denunciantes hasta ahora; estableciendo los deberes de confidencialidad y secreto o que se le dé traslado de las actuaciones que se lleven a cabo”.
Finalmente, el vicepresidente del Parlamento ha celebrado que la Oficina contra el fraude y la corrupción no esté sujeta a mandato imperativo y vaya a estar adscrita al Parlamento. En su opinión, “es una garantía de su independencia frente a cualquier intento de control por parte del Ejecutivo de turno”, ha concluido.
