Agricultura atiende una petición del campo de “hace 10 años” al avanzar en el marco jurídico para implantar la extensión de norma

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha “invitado a la Cámara” andaluz a apoyar el Decreto-Ley de simplificación administrativa del Gobierno andaluz porque en él se incluye la modificación de la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias que permitirá a Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) continuar con la tramitación de su extensión de norma al incorporar la posibilidad de la aplicar sanciones. De esta forma, Andalucía contará con el marco jurídico adecuado para sacar adelante este mecanismo de regulación de los mercados en el que trabaja el sector hortofrutícola una vez que el decreto supere el trámite parlamentario.

Crespo ha resaltado que, una vez que se concluya su tramitación y se implante en Andalucía, la extensión de norma de Hortyfruta permitirá “la retirada de la segunda categoría” de productos agroalimentarios que el sector lleva solicitando a la Administración andaluza “desde hace 10 años”. “Esto es un acuerdo histórico que entre todos tenemos que avalar”, ha recalcado.

La Consejería de Agricultura y los productores andaluces apuestan por la extensión de norma como vía para garantizar la rentabilidad de las explotaciones dada su utilidad para luchar contra los altibajos del mercado. En caso de registrarse una crisis de precios, esta herramienta permite al sector retirar productos de segunda categoría de forma autónoma, contribuyendo así a elevar las cotizaciones para alcanzar un precio justo por los productos agrícolas.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, la consejera ha apuntado que es “una defensora de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria” que era “necesaria” pero que, desgraciadamente, ha entrado en vigor sin concretar plenamente “cuestiones fundamentales” que complican su puesta en marcha. A modo de ejemplo, Crespo ha apuntado que “en este momento no hay unos criterios claros para determinar los costes de producción y, si eso no existe, no lo podemos aplicar”. La normativa establece un plazo de seis meses para el establecimiento de estos índices por lo que no es posible actuar “rápidamente” para intentar solventar la actual crisis de precios que sufre el sector agrario.

Asimismo, Carmen Crespo ha afirmado que desde Andalucía “estamos de acuerdo con la reforma de la ley y vamos a ayudar, pero no vamos a asumir las competencias del Estado”, haciendo referencia a los controles ligados a la Ley de la Cadena Alimentaria que corresponden a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).