La Junta convoca la segunda edición del Programa Empleo y Formación con 5,9 millones para formar a desempleados onubenses

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha abierto la convocatoria de la segunda edición del programa Empleo y Formación (https://lajunta.es/3rl9h), que subvenciona proyectos tanto de entidades públicas como de entidades privadas sin ánimo de lucro en los que desempleados de la provincia podrán formarse profesionalmente al mismo tiempo que perciben un salario y un certificado profesional que acredita oficialmente la preparación recibida. Así, las entidades potenciales beneficiarias de Huelva, entre las que se encuentran las corporaciones locales, pueden acogerse desde hoy a dicho programa, alternativo a las escuelas taller y talleres de empleo, y cuyo plazo permanecerá abierto 20 días hábiles a partir de mañana, esto es, hasta el próximo 9 de agosto.

El programa Empleo y Formación, que mejora el enfoque de los antiguos talleres de empleo, acoge iniciativas de formación en alternancia con prácticas profesionales que respondan a las necesidades del mercado de trabajo en ocupaciones de utilidad pública o de interés general y social.

Esta segunda edición tiene una dotación de 97 millones de euros para toda Andalucía frente a los 36 millones del año pasado, lo que ha permitido triplicar la partida para la provincia de Huelva, que contará con un total de 5,9 euros, frente a los 2,1 millones de la primera edición invertidos. El presupuesto para los años 2022 y 2023 en Huelva tiene un reparto de 5,3 millones para entidades públicas y 610.000 euros para entidades sin ánimo de lucro.

Según ha destacado el delegado territorial de Empleo, Antonio Augustín, el objetivo de este programa es apoyar proyectos de entidades públicas y de utilidad pública que permitan a desempleados de la provincia formarse en ocupaciones con demanda real de trabajadores, “una formación que se desarrollará en alternancia con prácticas profesionales durante doce meses y que incluirá el contenido necesario para obtener al menos un certificado de profesionalidad”. A este plan formativo, las entidades beneficiarias deben añadir “acciones de orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, información laboral y profesional o formación empresarial del alumnado”, ha resaltado Augustín.

En esta convocatoria, como ya se hizo en la primera, los alumnos serán contratados desde el primer día percibiendo el salario establecido por convenio y nunca por debajo del salario mínimo interprofesional. En las antiguas escuelas taller existía una fase de formación inicial seguida de una fase de prácticas, momento en el que el alumnado era contratado.

Las subvenciones para las iniciativas que realizarán las entidades se resolverán en régimen de concurrencia competitiva y tendrán 12 meses de duración.

Proyectos útiles

Según aclara el delegado territorial de Empleo, “los proyectos serán diseñados por las propias entidades solicitantes, teniendo como punto de partida las necesidades formativas del mercado laboral del territorio donde se desarrollen” y ha aclarado que las acciones formativas no podrán ser subcontratadas a terceros. Además, los alumnos deberán estar inscritos en el Servicio Público de Empleo en situación laboral de personas no ocupadas. Entre los colectivos prioritarios se encuentran los menores de 30 años, mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados receptores de rentas mínimas de inserción y personas con discapacidad.

Los formularios para la solicitud están disponibles para su presentación a través de la aplicación informática de gestión de la formación profesional para el empleo (GEFOC entidades) ubicada en la oficina virtual de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo: https://lajunta.es/17ibm. Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.

Una vez publicada la concesión de la subvención (que se resolverán en concurrencia competitiva), las entidades beneficiarias deberán iniciar los proyectos con la puesta en marcha de todos los contratos de formación en alternancia en un plazo máximo de cuatro meses.