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La ‘Asociación de Agricultores Puerta de Doñana’ (AAPD), que reúne a 350 empresarios agrícolas de Almonte con 4200 Has de suelo agrícola de regadíos legales, el 52% de la superficie cultivada en el Condado, manifiesta su preocupación ante la falta de sensibilidad de la Junta de Andalucía sobre la grave situación de los regadíos en el entorno de Doñana y los planes previsto para aumentarlos, mientras que en España y en Europa se preocupan por las terribles consecuencias ambientales de esta “peligrosa planificación”.
Tras las declaraciones del presidente Juanma Moreno en su investidura, reclamando “una solución legal y consensuada para Doñana”, desde la AAPD temen “que se ponga en peligro a miles de familias, empleos y un prestigio bien ganado, porque la información llega sesgada al consumidor europeo, que puede pensar que el producto que está comprando está regado con aguas ilegales, y no es así”, destaca el portavoz de la AAPD, Manuel Delgado.
Para luchar contra esta imagen, la asociación ha explicado a cuantos medios lo han solicitado, que las aguas con las que se riegan los Suelos de Regadío de Almonte siempre han sido legales, y su producto cumple todas las normativas y son muy estrictos con los controles de calidad, el uso eficiente y el control del agua, pues saben que es un bien muy preciado y escaso, “dando la cara” por el sector en Almonte, municipio líder europeo en producción de fruta ecológica.
Desde la AAPD se ha recibido a todos los periodistas que lo han querido comprobar ‘in situ’, extranjeros y nacionales: “franceses, alemanes, belgas… Y a destacados medios españoles en prensa, radio o TV”, pero comprueban, por contra, que “ni las sanciones millonarias anunciadas por la UE, ni las llamadas de auxilio de consejos científicos, de colectivos ecologistas y de los propios agricultores de Almonte parecen preocupar a los medios y políticos más cercanos, que centran su discurso en una repercusión cortoplacista y populista con nula visión de futuro para un sector tan importante”, lamenta quien ha atendido, solo en las últimas semanas, a los diarios El Mundo o Eldiario.es, al canal de TV Cuatro (Horizonte), a la agencia France Press o la cadena pública alemana DW, entre otros medios.
“Tenemos gran temor a las multas de Bruselas y al perjuicio a la imagen de todo el sector, en el caso de modificarse el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte sin tener antes asegurados los recursos hídricos suficientes para la provincia y Doñana”. El daño sería irreversible, “no solo en cuanto a imagen, competitividad o comercialización de los productos de Doñana y Huelva entera, sino que también se estaría poniendo en grave riesgo a pilares fundamentales de la economía de Doñana como el turismo y el abastecimiento urbano del Rocío o de Matalascañas”, afirma el portavoz de la AAPD.
Esas sanciones “pueden arruinar la reputación agrícola de Doñana y Huelva y trasladarse a las ayudas que reciben todos los agricultores, con un impacto terrible a la economía de Almonte y todo el sector de los frutos rojos”, advirtió Delgado, avisando de que la “catástrofe ambiental causada por la sequía y la sobreexplotación del acuífero puede provocar restricciones en el corto y medio plazo y la reducción a la mitad del sector y las 30.000 personas que emplea en Almonte pues, si hay una restricción en el agua disponible, habrá una reducción automática en la superficie cultivada, en la producción total y en el empleo directo e indirecto”.
CONCIENCIAR AL CIUDADANO Y A LA JUNTA DE ANDALUCÍA
La asociación siente que ciertas administraciones, partidos políticos y ciudadanos “parecen no ser conscientes del problema porque, si no hacemos nada, más pronto que tarde van a llegar las restricciones y en la misma proporción una reducción de la superficie de regadío”, asegura Delgado, recordando que “se está fraguando un conflicto social latente y, mientras que fuera de la provincia ya se habla de ‘guerra del agua’, aquí está silenciado”.
El Gobierno central pretende evitar una sanción de la Comisión Europea, quien ya ha advertido a España de su responsabilidad en los acuíferos de Doñana, la última de ellas, bajo una condena firme de 62 millones de € por incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJUE). Sin embargo, desde la AAPD, creen que los impulsores de la Proposición de Ley “estaban confundidos y pensaban que tenían el apoyo de la totalidad de los agricultores cuando la mitad de los del Condado, con el 52% de la superficie de regadío, no sabíamos nada al respecto”.
Los agricultores de Almonte desean que la ciudadanía entienda que “no es un problema de tierra, sino de agua, porque si se quiere regularizar más tierra, no estamos en contra, pero tiene que venir inseparablemente unido de nuevos recursos hídricos, porque no se puede regar más terreno con el agua disponible, es más, para el terreno que ya es regadío no hay agua suficiente”, explica el representante, añadiendo que es “una locura, y si se quieren regularizar 1500 has nuevas más, se tendrá que ampliar el trasvase, otra cosa es que se pueda o no se pueda ampliar, pero primero hay que conseguir el agua, saber de dónde se va a traer ese agua para regar y luego regularizar los terrenos, no al revés como hasta ahora”.
