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El PSOE volverá a pedir al Gobierno andaluz que atienda las reivindicaciones de los monitores de necesidades educativas específicas. Así lo ha avanzado la parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y secretaria de Ciudadanía y Derechos sociales del PSOE-A, Susana Rivas, tras reunirse con representantes del personal técnico de integración social (PTIS) en la provincia, que aglutina a unos 170 profesionales.
Susana Rivas ha declarado que “compartimos plenamente sus peticiones justas, nos hacemos eco de las mismas, y pese a que el PP votó en contra en el Parlamento andaluz a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por los socialistas sobre este asunto, seguiremos insistiendo en ello”.
Estos profesionales denuncian, entre otras cuestiones, contratos de jornada inferior a 25 horas, por lo que no pueden dar un servicio adecuado y marca aún más la precariedad que sufren. Así, atestiguan que si son dos horas al día, que se suelen usar por ejemplo para cambio de pañal, se preguntan si el resto del día, el alumnado está limpio o no necesitan atención el resto del tiempo, por lo que consideran el servicio denigrante. Es más, les consta que los directores de los centros han solicitado la ampliación horaria, siendo denegada curso tras curso, teniendo que informar a unos padres que esperan un servicio digno para sus hijos.
Por ello, la parlamentaria onubense les ha trasladado que elevarán iniciativas en la Cámara andaluza para denunciar la difícil situación de estos profesionales, así como el abandono al que los tiene sometidos el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía, “hasta que le den una solución a la precaria realidad que están sufriendo, tanto ellos como toda la comunidad educativa que necesita de estos profesionales para reforzar la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado que requiere apoyo educativo”, ha resaltado.
Tal y como solicitan, “instaremos al Gobierno andaluz a que ponga en marcha las medidas precisas para garantizar las condiciones laborales dignas de todos los trabajadores contratados, para evitar que se produzcan incumplimientos del convenio, cambios en los contratos sin consentimiento de los trabajadores, pagos fuera de plazo e incluso impagos, retrasos en los abonos de nóminas o vulneración de derechos laborales”.
“Vamos a seguir apoyando a estos profesionales en todas sus demandas. Es una cuestión de justicia social. Moreno Bonilla debe atender a estos profesionales y reforzar la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales. No se puede ser tan insensible, cuando la propia legislación consagra derechos específicos para este colectivo amplio y heterogéneo”, ha concluido.
