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La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha afirmado que el acuerdo alcanzado entre los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2023 es “muy perjudicial para Andalucía”. Sobre al impacto concreto en el sector andaluz, ha comentado que su departamento está estudiando “los pormenores” con el fin de conocer “en qué afecta económicamente” a la flota de la Comunidad Autónoma y analizar “qué podemos hacer al respecto”.
Carmen Crespo ha explicado que el acuerdo alcanzado a nivel comunitario “no es satisfactorio” para el arrastre del Mediterráneo porque, “después de un 17,5% de reducción durante todos estos años, ahora se le aplica un 7% más” que complica la rentabilidad de 92 barcos afectados. Ha calificado la situación como el reflejo de “una negociación frustrada” que conlleva además el establecimiento, por primera vez, de una cuota a la gamba roja que supone un 5% menos de capturas. “Es una medida muy perjudicial para el sector”, ha recalcado la consejera, que considera que se está aplicando “un doble castigo a la flota mediterránea andaluza” que no tiene justificación, ya que los informes científicos apuntan a que el caladero se encuentra en buenas condiciones.
En el caso de las embarcaciones dedicadas a la captura de cigala en el Atlántico, Crespo ha comentado que la decisión de los ministros europeos supone “una triple reducción que es inasumible por parte del sector”. La consejera ha detallado que “la reducción del 36% se suma al recorte del año pasado del 30% y a todo lo que hemos sufrido este invierno” con la prohibición impuesta al arrastre para faenar en determinadas zonas de este océano, entre las que se encuentran ciertas aguas del Golfo de Cádiz.
La consejera ha insistido en que “se están tomando decisiones en base a estudios científicos que no están actualizados” y ha apuntado que, en ocasiones, estas medidas están dañando al sector europeo “sin razones” e impulsando la importación de productos pesqueros de terceros países.
Respecto a las acciones que va a poner en marcha el Gobierno andaluz, la consejera ha afirmado que su departamento trabajará para “intentar solventar lo que podamos, dentro de nuestras posibilidades” y ha comentado que, como ha acordado con los representantes del sector mantenidas esta misma mañana, pedirá una reunión conjunta con el Ministerio “para principios del año” dirigida a “analizar esta situación que afecta especialmente al arrastre del Mediterráneo”.
Crespo porque considera necesario encontrar vías que permitan “compensar la situación de esos 92 barcos que van a tener muy difícil faenar”. La consejera ha hecho hincapié en que la rentabilidad de las embarcaciones se complica en gran medida, “sobre todo para las que bajan de 150 días de pesca al año, que es prácticamente inasumible”.
Defensa desde Madrid
La consejera andaluza ha mostrado su extrañeza sobre las “declaraciones de triunfalismo” realizadas desde el Gobierno central ya que, si bien es cierto que hay novedades relativas a merluza y caballa, estas afectan poco a una parte importante del sector nacional como es la flota andaluza. “Debían haberse fijado en dos pesquerías tan fundamentales para España como son el Atlántico y el Mediterráneo andaluz, que salen muy perjudicados”, ha recalcado.
Crespo ha apostado por “una defensa férrea” de los barcos de España y ha solicitado al Ministerio que “también apoye las posibles soluciones que se puedan ofrecer al sector en el futuro”. “En estos momentos, hay que pensar en cómo ayudar a nuestros pescadores, que es un sector muy vulnerable”, ha remarcado.
