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El Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) el acuerdo del Consejo de Ministros que asigna una subvención de más de 2,6 millones de euros a los ayuntamientos de Lepe y Moguer para ofrecer soluciones habitacionales a las personas trabajadoras temporeras que residen en asentamientos irregulares y pide su suspensión cautelar y que se disponga un acuerdo de reparto de los fondos aprobados que incluya su municipio al considerar que ello le supone un «grave perjuicio».
Así lo indica el recurso interpuesto por el Consistorio este mismo miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre la aprobación por Real Decreto, promovido por la Secretaría de Estado de Agenda 2030, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conceder estas ayudas que finalmente se concedieron a Lepe y Moguer, a pesar de que en un primer momento se reunió a los tres ayuntamientos para tratar las mismas.
Ya el pasado mes de octubre, el alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora (Independientes), lamentó en declaraciones a Europa Press que su municipio quedara «fuera» de la convocatoria del programa para la erradicación de los asentamientos de infraviviendas de trabajadores temporeros «que prometió» el pasado mes de mayo el exsecretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, y que «iba a ser financiado con fondos del Presupuesto General del Estado» ya que las ayudas de la misma se concedieron a Lepe y Moguer.
En este sentido, Mora criticó que «aunque se reunió a los cuatro alcaldes afectados por asentamientos en la provincia y se prometió un reparto de fondos» este «no se ha producido» ya que Lucena del Puerto presentó un anteproyecto para un centro de 298 plazas con una propuesta de presupuesto de 1,5 millones pero no tenía presupuesto para presentar un nuevo proyecto definitivo, «que supone sobre el 10% del presupuesto presentado», y que su Ayuntamiento no contaba «con medios económicos ni de personal para financiarlo anticipadamente».
Por ello, el alcalde de Lucena señaló que se sentía «discriminado» y criticó que «se dijera que se iba a actuar en todos los municipios» y que «después concurrirían todos al siguiente reparto que es por concurrencia competitiva y estará financiado con los fondos europeos» pero que a este «se le haya dejado fuera del reparto principal» al «contar ya Lepe y Moguer con los proyectos iniciados».
Mora lamentó que esto «va en detrimento de los municipios de 2.000 habitantes, que no tienen la capacidad económica ni de personal para acceder a esos fondos con esas condiciones», por lo que «al final se lo llevan los grandes ayuntamientos, que son los que tienen infraestructuras y personal y los pequeños municipios se llevan las migajas», porque «los requisitos son tales, que es imposible».
Considera el Consistorio en su recurso ante el TS que al dejarse fuera del ámbito de aplicación de estas subvenciones al Ayuntamiento de Lucena «a pesar de tener en su término el mayor número de asentamientos irregulares», se está «provocando un perjuicio irreparable a sus derechos e intereses legítimos» y cree que esto podría suponer «un efecto llamada en aquella población que no pueda acceder a los nuevos asentamientos regulares que se construyan al amparo de las subvenciones nominativas aprobadas en el acuerdo recurrido».
Prosigue esta denuncia afirmando que al ser el municipio con «el mayor número de asentamientos irregulares» se ve «claramente perjudicado» por el acuerdo que, «al subvencionar ayuntamientos limítrofes la construcción de asentamientos regulares» esto «que ya de por sí supone un perjuicio irreparable» para Lucena del Puerto «va a provocar un efecto llamada de inmigración irregular de personas que no puedan o no quieran acceder a los asentamientos regulares que se creen en pueblos limítrofes, existiendo la posibilidad de ir a los mayores asentamientos irregulares», que son los de su término municipal.
En este sentido, el Ayuntamiento expone que el que «no se ejecuten actuaciones en asentamientos chabolistas» de su término municipal supone «un problema integral de toda la zona» y que podría «determinar condenar al Ayuntamiento a una situación de auténtica crisis social y sanitaria en la zona» pues «irían a dichos asentamientos irregulares allí existentes todos los migrantes que no puedan acceder a los alojamientos que se construyan en los términos de Lepe y Moguer», por lo que «se le condenaría a concentrar toda la población de los municipios agrícolas que no vayan o no puedan entrar en los asentamientos regulares».
Así la cosas, el Consistorio apunta en el recurso que esto «ocasionaría un grave quebranto y perjuicio para las arcas municipales», así como «un deterioro para el funcionamiento de los servicios de este municipio, responsabilidad del mismo» y señala que el propio Ministerio «asume en el documento ‘Diagnóstico sobre los asentamientos de personas trabajadoras agrícolas en Andalucía, Castilla la Mancha y Murcia'» que «no caben acciones individuales por el efecto llamada que ello supone», por lo que cree «sorprendente» que «ahora vaya contra sus propios actos» al recoger este documento que «desaconseja actuaciones unilaterales o parciales».
SIETE ASENTAMIENTOS EN LUCENA
De la misma manera, el recurso recoger que Lucena del Puerto es el municipios que cuenta con un mayor número de asentamientos, siete en su término municipal (frente a los cinco de Lepe, tres de Moguer y uno de Palos de la Frontera) y que es el más numeroso (614 personas) detrás del de Palos de la Frontera (con 1.000 personas), «según el documento de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030», órgano gestor de la subvención, por lo que critica que se «obvie» al municipio con menor número de población y «con más número de asentamientos».
«Estas subvenciones, de carácter excepcional, no se pueden conceder discrecionalmente, sino que es necesaria una acreditación de una razón de interés público, social o humanitario que justifiquen la dificultad de convocatoria publica» pero que «en este caso prescinde de ella y se otorgan dos subvenciones nominativas, obviando al Ayuntamiento de menor población y el segundo con mayor población inmigrante asentados», recoge el recurso.
El Ayuntamiento de Lucena del Puerto lamenta asimismo que «la propia Secretaría de Estado asume» en el documento que «la situación más compleja» se da este municipio «con un 40% de los asentamientos» siendo además «el único en el que se ha constatado presencia de menores».
Finalmente, el recurso señala que «no tiene ninguna lógica y no parece responder a criterios de objetividad y motivación que al municipio que tiene el mayor problema que se pretende atajar, y que tiene en menor número de población y de recursos económicos, no sea objeto de subvención, perjudicándolo aún más por el efecto llamada que provocará dicha línea de ayuda, según reconoce y avala en propio órgano gestor de la subvención».
