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El caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía valorado en 680 millones de euros podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a pesar de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) que han supuesto la libertad de exaltos cargos de la Junta como la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; el exconsejero de Empleo Antonio Rodríguez; y el exalto cargo de Innovación Jesús María Rodríguez Román.
Al mismo tiempo, se han anulado e incluso rebajado las condenas a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que esperan aún un nuevo pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Precisamente en este último punto se fijan los populares según el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, que durante una entrevista concedida a Europa Press esta semana ha explicado su formación política, personada como acusación popular en el caso, «va a seguir hasta las últimas consecuencias defendiendo a los andaluces» e irá «donde tenga que ir» ya que sopesan la posibilidad de acudir a las instancias judiciales europeas.
Por ello, ha avanzado que estarán «muy atentos» sobre «qué va a hacer la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la encargada de redactar de nuevo las sentencias condenatorias a los dirigentes del PSOE», por lo que, «en función de cómo evolucione el asunto judicial en la Audiencia Provincial de Sevilla, de lo que podamos hacer dentro del Derecho europeo y, sobre todo y fundamentalmente, teniendo en cuenta las directrices del gabinete jurídico que lleva el asunto por encargo del PP, tomaremos una decisión en los próximos meses».
Por otro lado, el secretario general del PP-A ha firmado que «los andaluces tienen claro que los ERE existieron, que se llevaron 680 millones de euros, y que por eso altos y altísimos dirigentes del PSOE y miembros, cargos muy importantes de los gobiernos de la Junta de Andalucía, como sus presidentes y consejeros y directores generales, fueron muchos de ellos a la cárcel y están cumpliendo condenas», ha declarado Antonio Repullo rechazando que esa situación «no va a cambiar ni una demanda, ni una querella ni una entrevista».
