Por 
En el mes de julio ha entrado en vigor el nuevo decreto de medidas de seguridad para los ascensores aprobado por el Ministerio de Industria y que conllevará la adecuación de buena parte de los elevadores que estén ya instalados en todo el país a una nueva normativa.
Por esa razón, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas (COAF) de Huelva, hace un llamamiento a las comunidades de propietarios de la provincia, a sus presidentes y a todos sus colegiados, para que adviertan de la necesidad de “planificar cuanto antes la reformas necesarias en su instalación de ascensores o elevadores para ajustarse a la nueva normativa, pues puede suponer una derrama que hay que contemplar en el presupuesto para la subsanación o actualización de los aparatos, una vez detectados los elementos a renovar por la inspección habitual pertinente”, ha destacado el presidente del Colegio, José Antonio Oria.
Se estima que en la provincia de Huelva hay unos 8.000 ascensores afectados que necesitan adaptarse a esta nueva normativa en mayor o menor medida, sobre un 80% del total, “por lo que es importante tener una previsión clara y saber que, si se trata de ascensores de menos de 20 años, la actualización puede centrarse solamente en dos o tres elementos de seguridad pero, para ascensores de mayor ‘edad’, en muchos casos será más rentable o recomendable la sustitución integral del aparato”, ha añadido Oria, quien lamenta que, durante las primeras semanas de la entrada en vigor “todavía no hemos notado una gran demanda en las solicitudes de renovación por parte de las comunidades a sus empresas instaladoras”.
El Consejo Andaluz de Colegios Administradores de Fincas (CAFINCAS) explica, por su parte, que la normativa prevé un plazo de adaptación y que, en cualquier caso, sólo serán obligatorias las mejoras una vez que se haya realizado la siguiente inspección periódica que determinará cuáles son las actuaciones necesarias, su alcance y su coste, que puede variar mucho en función de las características y la antigüedad de los ascensores.
Concretamente, el decreto estatal, que entró en vigor el 1 de julio, fija una serie de nuevos requisitos en cuanto a la nivelación, la comunicación bidireccional, la sustitución de guías o la protección contra movimientos incontrolados en las cabinas. En la próxima revisión periódica del ascensor (que se realizan de forma obligatoria cada cuatro años) de cualquier comunidad de propietarios se deberá realizar un análisis del cumplimiento de las medidas y a partir de ahí iniciar la adecuación de forma obligatoria.
El coste de las actuaciones depende del resultado de las inspecciones y de las necesidades del ascensor para adaptarse a la nueva normativa, de forma que puede suponer desde cantidades mínimas hasta una importante actuación que puede llegar a los 65.000 euros y conllevar fuertes derramas en la comunidad. Desde el Colegio de Huelva ya han impartido formaciones específicas para sus colegiados y colegiadas junto a empresas del sector de los ascensores, tanto de fabricantes como de consultoras de inspección (OCAs).
De momento, no están fijadas ayudas autonómicas que permitan sufragar estos gastos y, por ello, el Consejo Andaluz ha anunciado que analizará con las administraciones públicas posibles líneas de ayuda de ámbito autonómico o local para hacer frente a estos desembolsos y Mercedes Romero, presidenta de este organismo andaluz, señala que “iniciaremos conversaciones para que se incluya alguna línea específica de ayudas en los presupuestos a nivel de comunidad autónoma o de ayuntamientos, ya que los compañeros colegiados nos trasladan la urgente necesidad de apoyos económicos para que las comunidades de propietarios puedan afrontar los gastos que ocasionen las adecuaciones de los ascensores para cumplir la normativa”.
En Andalucía existe un parque de más de 150.000 ascensores repartidos por las provincias andaluzas, una cifra que ha venido aumentando durante los últimos años a un ritmo superior a los 4.000 elevadores anuales desde el año 2019. Todos ellos, al estar instalados antes de la aprobación en abril de 2024 del nuevo decreto del Ministerio de Industria y Turismo deben adaptarse a las nuevas medidas de seguridad para la protección de las personas aprobadas por el Ministerio de Industria.
