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La Delegación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en Huelva, ha formalizado hoy, mediante su firma en notaría, la venta de dos inmuebles en la calle Alfonso XII, 24 y en la Calle Rico, 35, ambos en el centro de la capital onubense por un importe de 533.318 y 213.660 euros, respectivamente. La delegada territorial, Lucía Núñez, ha informado de que “con la venta de estos dos edificios, que fueron adjudicados en segunda subasta a sus actuales propietarios, se busca rentabilizar el patrimonio de todos los andaluces y andaluzas y dar un uso a esos inmuebles que se encuentran en desuso, vacíos y deteriorados y que sí que se pueden valorizar, además de contribuir al ahorro de costes de mantenimiento”. “Estos edificios, como el de la calle Rico, llevan algunos de ellos más de 10 años cerrados, pero generan unas cargas a la administración pública. Ahora forman parte del patrimonio de la ciudadanía que los pueden revitalizar y poner operativos para lo que consideren oportuno”, ha recalcado Núñez.
El edificio de la Calle Rico, 35 fue destinado a sede administrativa hasta que quedó en 2012. Considerado innecesario por su tamaño poco adecuado para sede administrativa, requería un alto coste de mantenimiento por sus condiciones urbanísticas y el grado de protección que tenía.
Por su parte, el edificio de Calle Alfonso XII, 34, fue transferido a la Junta de Andalucía en 2004 de su entonces propietario que era el INEM, ha estado cerrado desde 2015 y tiene una superficie construida de más de 1.000 metros cuadrados.
La subasta de estas instalaciones forma parte de la estrategia de la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, para poner en valor en patrimonio sin uso de la Junta de Andalucía. En 2019 no existía un inventario fiable, no existían proyectos de inversión ni puesta en valor; ni había una política integral de gestión del Patrimonio, lo que generaba un coste de mantenimiento y restauración muy elevado, que se incrementaba con el paso del tiempo. También por los impuestos que gravaban dichos inmuebles (y por los impagos en que se incurrió).
Asimismo, la puesta en valor del patrimonio inmobiliario de Andalucía está requiriendo de una importante y compleja labor de regularización física y jurídica de los inmuebles dada la situación de abandono y falta de actuaciones que el patrimonio inmobiliario ha venido sufriendo durante décadas.
Desde 2019, la Junta de Andalucía ha ingresado, bien por subasta o bien por adjudicaciones directas de inmuebles en desuso, 137 millones de euros, además de procurar un ahorro estimado de un millón de euros anuales en gastos de mantenimiento y costes tributarios.
