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La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal, ha celebrado una reunión en la sede de este organismo en la ciudad de Huelva, ha aprobado por unanimidad la distribución provincial de los fondos que el Estado destina cada año a financiar este programa al que contribuyen todas las Administraciones públicas. La contribución estatal se refiere, en concreto, a los fines establecidos en este programa encaminados a la generación de empleo en el medio rural y evitar su despoblación.
Este año la asignación provincial para subvencionar la contratación por parte de las corporaciones municipales o entidades dependientes o vinculadas a la Administración Local de trabajadores agrarios desempleados en proyectos de remodelación y rehabilitación urbanística asciende a 16.404.602,64 euros, lo que se traduce en 171.931,64 euros más que en 2023. La ejecución de los proyectos de las entidades locales beneficiarios de los fondos de este programa se podrá realizar hasta finales de 2025.
El PFEA en sus casi 27 años de trayectoria, ha demostrado su utilidad pública como herramienta fundamental para el empleo en Andalucía, promovida por el acuerdo entre todas las Administraciones Públicas y las organizaciones empresariales agrarias y sindicales. Un trabajo común que permite a las entidades locales beneficiarias mejorar sus infraestructuras y servicios públicos a la que vez que proporcionan una estabilidad en los ingresos a los trabajadores agrícolas temporales, con lo que también se pretende neutralizar el problema de la despoblación que afecta a los pequeños núcleos rurales.
De ahí que la Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA esté presidida por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y, además del director provincial del SEPE, Víctor Ortiz, junto con otros representantes de la Administración General del Estado, también participan representantes de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Huelva y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), así como de los interlocutores sociales y de las organizaciones agrarias.
La distribución de los fondos PFEA correspondientes al Estado viene prefijada por las negociaciones y el consenso alcanzado en la Comisión Nacional de Seguimiento, el pasado 17 de abril, que, a su vez, la Comisión Regional ratificó el pasado 7 de mayo. La Comisión Regional determinó una contribución estatal al programa para Andalucía por valor de 194,82 millones de euros.
Un 80% del presupuesto estatal para el PFEA destinado a la provincia corresponde al Plan de Garantías de Rentas, cuyo objetivo es asegurar la estabilidad de los ingresos de los trabajadores eventuales del campo mediante su contratación en los períodos que estén desempleados para trabajar en proyectos de interés público y social, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos.
En concreto, el Plan de Garantías de Rentas está dotado en la provincia con 15.169.478,85 euros, 61.612,85 euros más que en 2023. Las subvenciones que corresponden a este Plan del PFEA las determina el SEPE mediante un procedimiento de concesión directa, al quedar suficientemente acreditadas las razones de interés público y social que dificultan su convocatoria pública.
El resto del presupuesto del PFEA para Huelva, que asciende a 1.235.123,79 euros, se reserva al Plan Generador de Empleo Estable, que financia los proyectos generadores de nuevos empleos estables en actividades económicas respetuosas con el medio agroforestal y afectadas por la crisis climática. Como novedad, para la concesión de las subvenciones a cargo de este Plan, este año se ha establecido el procedimiento de concurrencia competitiva, a través de convocatoria pública.
Dicho procedimiento se rige por una serie de criterios que atienden, en primer lugar, a determinados servicios de interés general y social (desde los enfocados a la mejora de las viviendas a los que buscan promover el turismo o proporcionar servicios cotidianos relacionados con la conciliación familiar y la atención a las personas dependientes), así como atienden la potencialidad del proyecto para la creación permanente de puestos de trabajo, la empleabilidad en competencias, empleos verdes y/o digitales, a la vez que se tiene en cuenta la integración del principio de igualdad entre otros requisitos.
