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La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha comparecido en la Comisión de su área en el Parlamento de Andalucía, donde ha urgido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a revertir las pérdidas que han sufrido los agricultores y ganaderos andaluces en el primer año de la nueva Política Agraria Común. Crespo las ha cifrado en 120 millones de euros, “más de lo que habíamos calculado en un principio, pudiendo llegar, si no se le pone remedio, a 600 millones de euros menos en el período completo, 2023-2027”. Ha dejado claro que “tenemos una oportunidad de arreglar la PAC si se atienden la peticiones que hemos realizado conjuntamente sector agrario y Junta”.
Precisamente para reconducir la situación y evitar pérdidas tan cuantiosas al campo andaluz, la consejera de Agricultura ha solicitado “la articulación, por parte del Gobierno de España, de un Decreto que recoja la flexibilización que está pidiendo el campo en la calle y que le hemos trasladado conjuntamente también, en forma de alegaciones, al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) desde la Consejería, las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPÂ) y Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía. Crespo ha recalcado que “la simplificación que pueda acometer Bruselas tiene que acompañarse, sí o sí, de una flexibilización propia por parte del Ministerio”.
Crespo ha aplaudido que el Ministerio de Agricultura haya abierto a la posibilidad de flexibilizar el Pepac, si bien ha recordado que “desde el Gobierno de Andalucía llegamos al máximo de flexibilización que se nos permitía, es más, recibimos una carta del Ministerio advirtiéndonos de que podíamos habernos excedido”. La consejera ha subrayado que “en una situación de sequía como la que nos encontramos se hace imprescindible que se flexibilicen ecorregímenes como el de las cubiertas vegetales en cultivos leñosos o las Unidades de Ganado Mayor (UGM) para evitar que nuestros agricultores y ganaderos pierdan ese 25% tan importante que tiene que ver con las prácticas sostenibles”.
La consejera de Agricultura ha lamentado que “las exigencias de esta PAC no han tenido en cuenta la realidad productiva de los agricultores y ganaderos andaluces reduciendo a 1.160 millones de euros el importe destinado a pagos desacoplados, un 11% menos que en 2022, algo que, sin duda, hay que corregir”. Crespo ha indicado, además, que “no es de recibo que la gran damnificada del Pepac esté siendo la agricultura productiva, con pérdidas de hasta un 15%”. A su juicio, “se ha castigado a agricultores y ganaderos andaluces por hacer las cosas bien y trabajar durante muchos años por estar a la cabeza en productividad”.
Carmen Crespo ha recordado que “un estudio de la Universidad de Córdoba deja claro que se pueden hacer las cosas de otra manera para evitar las pérdidas que está suponiendo el Pepac en Andalucía, por ejemplo, con cambios de región productiva de algunas comarcas”. La consejera también ha expresado la “necesidad de que se modifique la definición de agricultor activo para evitar que, como ya está ocurriendo, agricultores andaluces se vean fuera del sistema”.
La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha detallado otras peticiones importantes para mejorar la situación del sector, como más presupuesto de cara a la nueva PAC. En este sentido ha señalado que “volveré a Bruselas para hacer la mayor presión posible para conseguir este objetivo”. También ha reclamado más controles en los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF), el establecimiento de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países, así como más recursos en la Reserva de Crisis, al considerar “irrisorios” los 81 millones de euros actuales. A ello se suma la demanda de una medida extraordinaria de ayudas equivalente a la Medida 21 (por la Covid-19) y Medida 22 (por la guerra en Ucrania), así como el reconocimiento de la singularidad hídrica de Andalucía.
Crespo ha planteado la importancia también de que “las directivas europeas y la legislación nacional tengan en cuenta siempre el necesario equilibrio que debe haber entre sostenibilidad y rentabilidad para que nuestros sectores productivos puedan ser competitivos”.
Iva del Next Generation en regadío
Finalmente, la consejera de Agricultura ha destacado la petición de “eliminar el IVA a los regantes que realizan obras de modernización con fondos Next Generation para que no se queden en el camino muchos de ellos”. Ha indicado que “la aportación de los regantes debe ser de un 20% y no del 40% como es en la actualidad”.
Crespo ha animado a los parlamentarios andaluces de la Comisión de Agricultura a “escuchar las demandas justas de los agricultores e ir todos a una para revertir una situación complicada que tiene solución si se tiene voluntad política”.
