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La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha clausurado hoy el acto de presentación de la nueva Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) que se ha llevado a cabo en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
En el transcurso del encuentro, en el que ha estado acompañada por el presidente de la CEA, Javier González de Lara, el viceconsejero, Sergio Arjona, la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López, la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez, y la delegada territorial de la Consejería en Sevilla, Inmaculada Gallardo, Catalina García ha destacado que el anteproyecto de ley que se está tramitando “aporta mejoras en los ámbitos de la seguridad jurídica y la agilización de los pronunciamientos ambientales, con respecto a la GICA (Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), que data de 2007 y que requería una profunda reforma, debido a las numerosas modificaciones normativas que se han venido produciendo a todos los niveles”.
En este sentido, la consejera ha defendido que “la LEGAM conlleva una mayor agilidad y eficiencia que facilitará la inversión en proyectos sostenibles en Andalucía que consoliden efectos positivos en el desarrollo social de nuestra tierra y, en particular, en la creación de empleo”.
Catalina García ha incidido en este punto en que “esta nueva ley, como ocurre con la Ley de Montes de Andalucía, pretende abundar en el diálogo y el consenso con los agentes sociales porque no podemos olvidar que precisamente la Ley de Gestión Ambiental se enmarca en el Pacto de Diálogo Social, firmado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con las organizaciones sindicales UGT y CCOO, y la organización que hoy nos acoge, la Confederación de Empresarios de Andalucía”.
La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el Consejo de Gobierno ha hecho hincapié en las modificaciones que introduce el nuevo texto legal, impulsadas a tenor del Decreto de simplificación administrativa, indicando que “lo que se busca es responder a los retos del presente y a los futuros, fortaleciendo los principios de sostenibilidad, eficiencia y corresponsabilidad en la esfera pública y privada”.
El anteproyecto de ley revisa los plazos para la obtención de autorizaciones ambientales (AAU), reduciendo el tiempo de tramitación de ocho a seis meses, y fortalece la protección frente a la contaminación ambiental en sus formas: atmosférica, acústica, lumínica y del suelo.
Así, ha recordado que la LEGAM “introduce importantes innovaciones como la figura de la licencia ambiental de competencia municipal, que sustituye a la calificación ambiental”. Esta medida, junto con la disminución de las categorías que requieren esta licencia y el aumento de actividades que podrán gestionarse mediante declaraciones responsables, busca reducir la carga administrativa tanto para los ayuntamientos como para las empresas”, ha detallado la consejera.
En esta línea, no ha querido dejar pasar también que lo que en la anterior regulación era calificación ambiental con evaluación de impacto ambiental simplificada, ahora pasa a ser autorización ambiental unificada simplificada (AAUS), “que en la práctica, supone la reducción para los ayuntamientos de 49 categorías de actuaciones que antes eran de su competencia y que, con la nueva legislación, se resolverán por la Consejería mediante esta figura”.
“Otro aspecto relevante de la LEGAM -ha puntualizado Catalina García- es el fomento de la ecoinnovación y la promoción de tecnologías más sostenibles en actividades económicas e industriales” y ha subrayado que “la ley también incluye instrumentos fiscales e incentivos económicos para impulsar la economía verde, reflejando el compromiso de la Junta con un desarrollo respetuoso con el medio ambiente”.
La consejera también ha explicado que el nuevo texto legal “viene a reforzar el acceso a la información pública y a promover la educación y sensibilización ambiental como ejes de una sostenibilidad compartida”. Así, ha tendido de nuevo la mano a los agentes sociales, precisando que “la creación del futuro Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que reemplazará al actual CAMA, persigue promover un diálogo más efectivo y constructivo entre la administración, los agentes sociales y económicos y la sociedad civil”.
Para Catalina García “es fundamental contar con la participación del sector empresarial, de los colegios profesionales, la administración local y, en definitiva, la sociedad civil, a la hora de la tramitación de la LEGAM, por lo que hoy lo que vamos a hacer es animar a estos colectivos a aportar ideas para hacer de esta ley un reflejo de las aspiraciones de toda Andalucía, puesto que este nuevo marco permitirá a la comunidad autónoma afrontar los desafíos de sostenibilidad con una normativa que va a equilibrar la protección medioambiental y el desarrollo económico y social”.
