Almonte sugiere una gestión «más participativa» del Acuerdo por Doñana

El Ayuntamiento de Almonte, en un comunicado de prensa, ha indicado, con respecto al Acuerdo por Doñana que «a pesar de los avances, su implementación está resultando más lenta de lo esperado y está generando inquietud en diversos sectores, especialmente entre los habitantes y agricultores de la zona».

«Las medidas adoptadas hasta el momento han seguido una lógica eminentemente administrativa, donde la necesidad de consenso entre distintas instituciones y la complejidad de los procedimientos han determinado un ritmo pausado». Sin embargo, continúa el consistorio almonteño, «este enfoque choca con la realidad de quienes viven en Doñana y consideran que la falta de participación activa de la comunidad local está afectando la eficacia de las acciones emprendidas».

Uno de los principales puntos de fricción, según la administración local, es «el tiempo que requieren los procesos administrativos para que las soluciones sean efectivas». Desde la perspectiva técnica, se argumenta que la naturaleza necesita años para regenerarse y que algunas de las mejoras serán perceptibles sólo a largo plazo. No obstante, «esta visión contrasta con la urgencia de las comunidades locales, que sienten que los tiempos de la administración no se ajustan a la gravedad de la situación», agregan.

Desde el Ayuntamiento de Almonte insisten en que «si se contara con la experiencia y el conocimiento de los habitantes de la zona, la planificación podría ser más eficiente y los resultados podrían empezar a notarse antes».

Otro factor que está marcando el desarrollo del acuerdo, según el consistorio, es «el malestar de los agricultores». «Si bien se reconoce la necesidad de cumplir con normativas y asegurar que las ayudas se ajusten a la legalidad», también se advierte que la falta de consulta previa «ha generado rechazo y desconfianza en el sector». “No se trata solo de garantizar recursos económicos, sino de hacerlo de una forma que no sea percibida como una imposición desde fuera”, subraya el alcalde de Almonte, Paco Bella, al analizar el Acuerdo por Doñana.

“La planificación de ayudas sin una negociación real con los agricultores puede derivar en desajustes entre las necesidades del territorio y las soluciones propuestas, lo que podría ralentizar aún más los avances en la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible”, añade.

Otro punto de controversia «es la gestión de los agricultores que han operado fuera del marco legal». Mientras que desde una perspectiva institucional se plantea la necesidad de ofrecer alternativas económicas a todos los sectores implicados, «existen preocupaciones sobre la equidad en el reparto de ayudas».

«Es fundamental que las soluciones diferenciadas no generen agravios comparativos ni perpetúen la idea de que quienes han actuado dentro de la legalidad no obtienen reconocimiento». Además, añade que «la conservación del entorno no puede desvincularse de la justicia social y económica para quienes han dependido de él durante generaciones».

Respecto a la asignación de ayudas, se plantea «la necesidad de diseñarlas de manera verdaderamente inclusiva, evitando que ciertos agricultores se vean marginados por requisitos administrativos que no tienen en cuenta la realidad histórica y social de la zona». «La exclusión de determinados grupos podría percibirse como una continuación de políticas que, en lugar de integrar, fragmentan a la comunidad».

Ante esta situación, “es imprescindible una gestión más participativa que reconozca el papel de los habitantes de Doñana como actores clave en su conservación”, destacan desde el Ayuntamiento de Almonte. «El equilibrio entre la protección medioambiental y el desarrollo socioeconómico solo se podrá lograr si las políticas se diseñan con un enfoque que combine el rigor técnico con el conocimiento del territorio y sus necesidades reales».