Por 
Los trabajadores del Centro Penitenciario de Huelva, ubicado en La Ribera, y del Centro de Inserción Social ‘David Beltrán Catalá’, situado en el núcleo urbano de Huelva, se han concentrado a las puertas de las instalaciones en protesta por la agresión física y sexual que sufrió el pasado 8 de julio en el Centro Penitenciario de Sevilla II (Morón) una psicóloga durante una entrevista individual con un interno.
Los convocantes han recordado que no se trata de un incidente aislado: en los últimos años se han multiplicado las agresiones sexuales y físicas a trabajadores penitenciarios, por lo que urge tomar medidas. En los centros españoles se producen una media de una agresión cada 16 horas, más de 1.000 en los últimos dos años. La prisión de Huelva se ha convertido en el tercer centro penitenciario más peligroso de España según los datos correspondientes a 2024 facilitados por el Ministerio del Interior a través del Portal de Transparencia. La cárcel onubense registró el pasado año 23 agresiones a funcionarios de prisiones en 42 episodios conflictivos. Estos datos elevan a La Ribera un puesto con respecto a 2023.
Ante esta escalada de conflictividad, los sindicatos exigen una respuesta eficaz e inmediata por parte de la administración, la revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes y el reconocimiento legal de agentes de autoridad de las empleadas y empleados públicos penitenciarios. El interno agresor en Sevilla II cuenta con numerosos antecedentes por violencia y delitos sexuales y permanecía, inexplicablemente, en un módulo de respeto.
Estos hechos reflejan un deterioro estructural del sistema penitenciario derivado de una clasificación interior que los sindicatos convocantes tildan de “buenista”, es decir, busca más el maquillaje estadístico que atender a una realidad penitenciaria en un contexto de aumento de población reclusa. Tolerarlo es normalizar la violencia institucional y vulnerar el derecho a un trabajo seguro, denuncian. Defender la dignidad, seguridad y condiciones laborales de todo el colectivo son los objetivos principales de estas concentraciones.
La sección sindical de CSIF en el Centro Penitenciario de Huelva lamenta que las carencias en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sea una de las causas de la inseguridad que viven los trabajadores. Ni refleja las necesidades del centro ni está cubierta en todos los efectivos que contempla actualmente. Llega a estar, incluso, por debajo de los servicios mínimos, hasta el punto de que un solo funcionario debe hacerse cargo de dos módulos sin que la Dirección de la presión reconozca la excepcionalidad. Además, se fiscaliza extremadamente el trabajo de los funcionarios por parte de la Subdirección de Seguridad, poniendo en tela de juicio todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo. Los funcionarios intervienen con rigurosa cautela en los altercados, lo que provoca que reciban en muchos casos agresiones por parte de los internos exaltados. En estas situaciones actuar con contundencia respetando las normas establecidas es lo más recomendable para evitar ser agredido.
En Directo