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El Gobierno central ha indicado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), está trabajando con los ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto –todos de la provincia de Huelva– en la definición de las actuaciones para acabar con los asentamientos en sus municipios, y que se enmarcan en la ejecución de la línea 13.4 del Marco de Actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural Doñana.
Así lo indica en una respuesta escrita a una pregunta realizada por el Grupo Sumar al Congreso de los Diputados, consultadas por Europa Press, en la que el Gobierno señala que se trata de una línea relativa al acceso de las personas temporeras al alojamiento «digno».
En este sentido, señala el Ejecutivo que el pasado 2 de junio se suscribió un acuerdo interdepartamental entre el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para transferir a éste último cinco millones de euros en 2025 otros cinco millones de euros en 2026 y cinco millones de euros en 2027, «siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan», para realizar las actuaciones previstas en la referida línea 13.4.
Al respecto, explica que fruto de este acuerdo el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con el Miteco, está trabajando en «la definición de las actuaciones» que se financiarán en los tres municipios beneficiarios de esta línea de actuación, que son Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.
Prosigue señalando que, con esta finalidad y a través del correspondiente instrumento jurídico, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana contribuirá a que los municipios «implementen y ejecuten aquellas actuaciones que cada uno considere prioritarias y que mejor respondan a sus concretas necesidades».
Entre ellas, se contemplan medidas como la adquisición de módulos habitacionales; la adquisición de inmuebles ya construidos; la adquisición de suelo para la posterior construcción de viviendas sociales y la rehabilitación de viviendas para su adecuación y posterior uso como viviendas sociales.
El acuerdo prevé la creación de una comisión para «el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en el mismo», toda vez que se publicará un Real Decreto de concesión directa –financiado con los fondos transferidos desde el Miteco– a los tres ayuntamientos beneficiarios de esta línea de actuación.
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