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Las subdelegaciones del Gobierno, en las ocho provincias andaluzas, informarán y tramitarán “con la máxima rapidez y eficacia” las ayudas destinadas a los beneficiarios de los 7.000 millones de euros, dispuestos por el Gobierno de España para paliar los efectos del temporal. Así se lo ha trasladado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, al alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, durante la reunión que han mantenido, en la que también ha participado la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores.
El representante del Ejecutivo ha avanzado que el plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses y ha detallado que, para agilizar la tramitación “se reforzará el personal encargado de la gestión de subvenciones, especialmente en las provincias con mayores daños, y que, en los casos en los que sea necesario, los funcionarios se desplazarán a los municipios afectados para acercar la administración a la ciudadanía mediante el servicio ‘La Administración cerca de ti’”.
En este encuentro, el delegado, que ha informado de primera mano al alcalde grazalemeño sobre las medidas y ayudas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para la reconstrucción de los municipios afectados por los temporales de lluvias torrenciales e inundaciones, ha subrayado “el compromiso del Ejecutivo central de poner a disposición todos los recursos necesarios de la Administración General del Estado, así como de acompañar a los ayuntamientos durante todo el proceso de reconstrucción”.
Durante la reunión, Pedro Fernández ha detallado el contenido del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno de España, que contempla un amplio paquete de ayudas económicas, sociales, fiscales y laborales destinadas a paliar los daños causados por las borrascas en distintos municipios de Andalucía, entre ellos Grazalema, que figura expresamente entre los municipios que podrán acogerse a determinadas ayudas directas.
En esta línea, Fernández ha subrayado que el objetivo es que “tanto las familias, como los autónomos, empresas, agricultores y las propias entidades locales puedan acceder con agilidad a las ayudas aprobadas, garantizando una respuesta eficaz ante una situación de emergencia que ha tenido un fuerte impacto social y económico en nuestro territorio”.
Medidas urgentes
El delegado ha explicado que el Real Decreto-ley, que moviliza ayudas y medidas por valor de más de 7.000 millones de euros, tiene como objetivo paliar los efectos del temporal en los municipios afectados de Andalucía y Extremadura. Este paquete de ayudas. que se suma a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil aprobada la semana pasada, contempla un conjunto de ayudas y medidas por las fuertes borrascas que han causado graves daños y el desalojo de miles de personas.
En este sentido, la norma incluye una nueva ayuda específica de 150 euros por persona y día para los desalojados, con efecto retroactivo a contar desde el inicio de sus desalojos. A modo de ejemplo, un hogar de cuatro miembros que haya sido desalojado diez días percibirá 6.000 euros, y la compensación será compatible con otras ayudas, como por daños en vivienda.
El Real Decreto-ley cuadruplica el importe de las indemnizaciones que establece la ley para los afectados por fallecimiento, hasta 72.000 euros, e incapacidad, daños materiales en viviendas, enseres y elementos comunes de comunidades de vecinos, así como en establecimientos industriales, mercantiles o de servicio. En concreto, la indemnización por destrucción total de la vivienda se eleva de 15.120 euros a 60.480 euros y por daños en los enseres, de 2.580 euros a 10.320 euros. El Ejecutivo elimina los umbrales de renta para el acceso a ayuda en el caso de daños o destrucción en las viviendas.
Además, se habilita un mecanismo para solicitar de forma anticipada estas ayudas mediante la suscripción de una declaración responsable, lo que permite el abono del 50% hasta la tramitación completa de la solicitud. Todas estas ayudas, con efecto retroactivo, están exentas de tributación en el IRPF, al igual que el del impuesto de Sociedades para las empresas. Tampoco computarán las ayudas como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital.
El texto normativo incluye también un plan de ayudas a los ayuntamientos, dotado con un fondo de 2.000 millones para actuaciones inaplazables de reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales, con la posibilidad de anticipar el 100% de su importe. Además, se flexibiliza la regla de gasto de ayuntamientos y comunidades autónomas, también se les permitirá usar su superávit de 2025, y se amplían los plazos legales para la ejecución de las obras de reconstrucción. A su vez, se impulsará un Plan de Empleo, dotado con 50 millones de euros, para que los ayuntamientos puedan reimpulsar la actividad económica y laboral en las zonas afectadas.
Asimismo, Fernández ha informado sobre las medidas fiscales previstas en el Real Decreto-ley, que tendrán un impacto de 320 millones de euros. Estas medidas contemplan exenciones en el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y el Impuesto sobre Actividades Económicas en las zonas afectadas, así como ayudas directas a las actividades económicas, especialmente en los sectores de la hostelería y el comercio minorista.
El texto normativo incorpora, además, un amplio paquete de medidas específicas para el sector primario, que supera los 2.800 millones de euros, destinado a paliar las pérdidas sufridas en la agricultura, la ganadería y la pesca. Entre ellas se incluyen ayudas directas por pérdida de renta, subvenciones adicionales a los titulares de seguros agrarios y a los armadores afectados, que suman 2.174 millones de euros, así como una línea de financiación con condiciones especiales que cubrirá parte del principal de los créditos y el coste de los avales para agricultores y pescadores. Asimismo, los temporales se consideran causa de fuerza mayor a efectos del cumplimiento de determinadas obligaciones, como las derivadas de la Política Agraria Común.
En esta línea, el delegado ha detallado también la reducción excepcional del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio y a la renta agraria, que pasa de 35 a 5, la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, ayudas para cubrir el 100% de los daños no indemnizados por el seguro agrario y apoyos específicos para el sector pesquero en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva.
En materia de infraestructuras, la norma prevé actuaciones de reparación de caminos e infraestructuras agrarias y de regadío a través de las empresas públicas Tragsa y Seiasa, con una dotación de 600 millones de euros. A ello se suma otro paquete de ayudas destinado a la reparación de cauces fluviales y costeros, así como a infraestructuras hidráulicas municipales, abastecimientos y playas, además de la reconstrucción de las redes de carreteras del Estado y de las infraestructuras ferroviarias dañadas.
Por otro lado, Fernández ha señalado que la norma incorpora igualmente medidas laborales y de Seguridad Social dirigidas a proteger a trabajadores, autónomos y empresas afectadas por las inundaciones. Entre ellas se encuentra la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos, exenciones y moratorias en las cotizaciones a la Seguridad Social, la activación de los ERTE por causa de fuerza mayor y la exención total de cotizaciones sociales para las empresas y autónomos con actividad suspendida o reducida, junto con la prohibición de despidos en las empresas beneficiarias.
Finalmente, Pedro Fernández ha subrayado que “el Real Decreto-ley constituye una respuesta integral del Gobierno de España ante una situación de emergencia” y ha reiterado que “la Administración General del Estado, a través de las Subdelegaciones del Gobierno, estará a disposición de los ayuntamientos para facilitar la tramitación de las ayudas y contribuir a una recuperación lo más ágil posible en toda Andalucía, atendiendo las necesidades derivadas de los daños ocasionados por los temporales”.
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