Por La Justicia ha avalado de «manera rotunda» la incorporación del municipio de Cartaya a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS)-Giahsa, realizada en julio de 2024, declarando que «el acuerdo se adoptó conforme a derecho, dentro de la más estricta legalidad y siguiendo escrupulosamente el procedimiento establecido», según ha anunciado este viernes la propia entidad.
Así lo recoge la Sentencia dictada el pasado 22 de abril de 2026 por el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo número tres de Huelva, que desestima íntegramente el recurso presentado por Juan Antonio García, en nombre y representación del Ayuntamiento de Bonares (PSOE), contra el acuerdo del Pleno de la MAS que aprobó la adhesión voluntaria de Cartaya.
Durante meses, García, como portavoz socialista de la Mancomunidad, ha sostenido en plenos que la incorporación de Cartaya respondía a un supuesto interés político y que se había realizado de forma ilegal.
Sin embargo, la citada sentencia «desmonta uno a uno esos argumentos, dejando claro que se trataba de afirmaciones carentes de respaldo jurídico».
Y es que, en concreto. esta resolución judicial «avala expresamente que la incorporación de Cartaya pueda realizarse para el servicio de abastecimiento de agua en alta, descartando que fuera obligatorio incorporar la totalidad del ciclo integral del agua, como defendía el recurso presentado», según informa la citada mancomunidad.
Asimismo, el fallo reconoce que la normativa vigente permite la gestión supramunicipal del servicio y que los estatutos de la MAS no impiden la adhesión parcial de municipios, validando también que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Cartaya fue correcto.
Por tanto, la resolución concluye de forma clara que el acuerdo adoptado por la MAS es plenamente ajustado a derecho.
Así las cosas, desde la Mancomunidad y Giahsa «se valora este fallo como un respaldo inequívoco al trabajo realizado, a la seguridad jurídica del modelo de gestión supramunicipal del agua y a la defensa del interés general, así como una desautorización de las acusaciones de ilegalidad vertidas por el alcalde de Bonares, que quedan ahora sin fundamento jurídico».
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