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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), desde su delegación en Andalucía Occidental, ha presentado hoy su Informe Anual 2026: Las personas refugiadas en España y Europa. El acto ha tenido lugar en la Sala Polivalente del Hogar Virgen de los Reyes y ha reunido a representantes institucionales, entidades sociales, profesionales y personas refugiadas. El acto, que se ha celebrado en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas (20 de junio), fue inaugurado por el delegado de derechos sociales, José Luis García Martín.
Al comenzar la jornada, Lourdes Navarro Gandullo, coordinadora de Intervención, Políticas y Campañas de CEAR Andalucía Occidental, presentó los principales datos y conclusiones del informe, resaltando que el incremento de políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos ha provocado el primer descenso en una década del número de personas desplazadas a nivel global: 117,5 millones, un 5% menos que el año anterior. Sin embargo, la entidad señala que este descenso no viene acompañado de menos necesidades de protección internacional, sino todo lo contrario, ya que se siguieron intensificando los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos en todo el mundo.
Durante su intervención, la coordinadora de CEAR en Andalucía Occidental, también alertó de las consecuencias que puede tener la aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo para los derechos de las personas refugiadas y migrantes, y que entró en vigor el pasado 12 de junio. La organización llama la atención especialmente sobre la lista común de países considerados seguros, ya que entre ellos se incluyen algunos con graves déficits en materia de derechos humanos como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez. Además, alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno que supone graves riesgos para los derechos humanos al prever la detención prolongada o expulsiones a centros de deportación de terceros países, sin que sea necesario vínculo previo entre la persona y el país. Una medida que sigue el modelo Italia-Albania, paralizado por la Justicia italiana y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Asimismo, destacó la reducción registrada tanto en las solicitudes de protección internacional (144.396) como en la tasa de reconocimiento en España durante 2025, situándose esta última en el 11,2 %, muy por debajo de la media europea (26%), que también descendió considerablemente en el último año. Una realidad que, según CEAR, evidencia la necesidad de reforzar las garantías del sistema y asegurar el acceso efectivo a la protección de las personas que huyen de conflictos, persecuciones o graves vulneraciones de derechos.
En este sentido, la entidad insiste en la necesidad de que España apruebe una nueva Ley de Asilo que mantenga y refuerce las garantías ya existentes, como la asistencia jurídica gratuita durante todo el procedimiento o la posibilidad de solicitar protección internacional en embajadas y consulados españoles en el exterior. Además, considera imprescindible que los nuevos procedimientos contemplados en la normativa europea se desarrollen con todas las garantías, respetando el principio de no devolución y evitando que la detención se convierta en una práctica habitual.
La segunda parte del encuentro estuvo dedicada al debate “Racismo y acceso a la vivienda: un desafío para las personas migrantes y refugiadas”. En la mesa participaron Ana Almuedo, responsable de Inclusión de CEAR Andalucía Occidental; Rosa Navarro, técnica del proyecto Alza la Voz contra el Racismo y Lassana Ly, beneficiario de protección internacional de origen maliense.
Durante el coloquio se abordaron las dificultades que enfrentan muchas personas migrantes y refugiadas para acceder a una vivienda digna, poniendo de relieve cómo los prejuicios, la discriminación y determinadas prácticas excluyentes continúan limitando el acceso al mercado residencial. Las personas participantes coincidieron en la necesidad de reforzar las políticas públicas de vivienda, promover la igualdad de trato y combatir el racismo para garantizar una inclusión real y efectiva.
Por cuarto año consecutivo, Andalucía se convirtió en la segunda comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de protección internacional solo por detrás de la Comunidad de Madrid. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 se contabilizaron 20.013 solicitudes de protección internacional en nuestra comunidad. Por provincias, Málaga vuelve a ser la provincia andaluza con más solicitudes (4.162), posicionándose también como la quinta provincia a nivel estatal, por detrás de Madrid, Barcelona, Bizkaia y Santa Cruz de Tenerife.
A Málaga, le siguen Almería (4.106), Sevilla (4.019), Cádiz (2.910), Córdoba (1.801) Huelva (1.347), Granada (1.137), Jaén (531).
Comité de Personas Refugiadas
La presentación del Informe Anual de CEAR en Sevilla, también sirvió para dar a conocer el recién creado Comité de Personas Refugiadas (CPR) que ha impulsado la organización en sus delegaciones territoriales. Un espacio de participación, representación y trabajo conformado por personas con experiencias de desplazamiento forzoso, tanto dentro como fuera de la entidad.
En ese contexto, Manuel Alejandro Palacín, representante del CPR en Andalucía Occidental, presentó al nuevo grupo de trabajo y a las personas que integran el comité en la delegación de Sevilla.
Antes de dar por finalizada la jornada, la entidad procedió al acto de entrega del XI Premio Solidaridad con las Personas Refugiadas, un reconocimiento que otorga con el propósito de reconocer, agradecer e impulsar públicamente la labor y el compromiso de personas, colectivos, entidades de naturaleza pública o privada o instituciones que se hayan distinguido en la defensa y promoción de los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión social. En esta edición, el premio ha recaído en la ciudadanía de Sanlúcar la Mayor, en reconocimiento a la acogida, solidaridad y compromiso demostrados con las personas refugiadas residentes en el dispositivo de acogida que CEAR puso en marcha en el municipio en 2025. La entidad ha querido destacar la implicación del conjunto de la comunidad sanluqueña: administración local, tejido asociativo, centros educativos, clubes deportivos, hermandades, comercios, vecinos y vecinas; que ha contribuido activamente a favorecer la inclusión y la convivencia desde la apertura del recurso.
Recogieron el galardón, en representación del municipio, el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla; Fidel Mora, hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro; Manuel Jesús Pérez, director del Hamar Club Deportivo; Antonio Ríos, del equipo de comunicación de Solúcar Radio y Celeste Delgado, voluntaria de CEAR y vecina de la localidad.
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