Por El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha denunciado la reforma del Reglamento de Costas que pretende el Gobierno central ya que afecta a miles de familias y empresas del litoral onubense que ven sus construcciones legales amenazas por posibles demoliciones.
El presidente de los populares onubenses ha anunciado que el Grupo Popular en el Senado lleva una moción contra la reforma que afecta a propiedades de miles de familias desde Ayamonte hasta Almonte que “tienen sus viviendas legales desde hace muchos años y que ahora se ven amenazadas por los nuevos deslindes de dominio público”.
Junto a alcaldes y portavoces de municipios afectados como Ayamonte, Lepe, Cartaya, Palos de la Frontera, Isla Cristina, Punta Umbría y Almonte, y los senadores y diputados del PP por Huelva, González ha criticado que la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez se haga “sin transparencia, sin consenso con las comunidades autónomas y sin garantías a los afectados”.
El popular ha reiterado que son muchas las familias viven en núcleos tradicionales costeros consolidados desde hace generaciones, viviendas heredadas que ahora ven que pueden perder sus derechos e incluso se ven amenazadas por una posible demolición con la reforma.
El popular ha recordado que “el Gobierno del PSOE pretende resolver mediante una modificación reglamentaria cuestiones de calado que requieren una reforma legal, repitiendo errores que ya llevaron al Tribunal Supremo a anular un intento anterior en 2022 también por parte del Gobierno de Sánchez”.
El PP denuncia la reforma del Reglamento de
Costas del Gobierno que afecta a miles de
familias y empresas del litoral onubense
Asimismo, ha manifestado que anteproyecto del Gobierno central “no cuenta con un estudio riguroso sobre su impacto económico y laboral que es fundamental, porque afectaría directamente a sectores vinculados a la economía costera como la pesca, el marisqueo, el turismo, la hostelería o los puertos deportivos”.
“El Partido Popular con esta moción busca proteger los derechos de los propietarios costeros y preservar el patrimonio cultural y el ecosistema litoral de la provincia porque defender nuestro litoral es compatible con la defensa de la propiedad privada, la actividad económica y el empleo”, ha concluido.
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