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La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha creado una línea de ayudas al alquiler para personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad, que cuenta con una dotación presupuestaria inicial superior a 4,3 millones de euros, con posibilidad de ampliación, y tiene el objetivo de facilitar el acceso de la población con ingresos limitados a viviendas gestionadas por entidades públicas.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este martes la orden con las bases y la convocatoria de ayudas correspondiente a 2014, que podrán solicitarse hasta el 1 de octubre a través de las entidades colaboradoras que se habiliten para ello, pudiendo funcionar como tales todas aquellas administraciones públicas y sus entes instrumentales, con competencias en materia de vivienda, así como las asociaciones inscritas en el registro andaluz con declaración de utilidad pública.
Con esta nueva medida, el programa de ayuda al alquiler de vivienda definido en el Plan Estatal 2013-2016 «se adapta a la realidad de Andalucía, donde el 95 por ciento de las personas demandantes de vivienda tienen ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) –unos 18.600 euros netos– y el 60 por ciento, inferiores a una vez el Iprem –no más de 7.450 euros–, con elevadas dificultades, por tanto, para el acceso al mercado libre del alquiler».
En consecuencia, la Consejería ha establecido dos líneas diferenciadas en materia de alquiler, esto es, la primera, dirigida a inquilinos con ingresos limitados para el arrendamiento de una vivienda, supeditada a la firma del plan estatal.
La segunda línea, que es la que desarrolla la orden publicada este martes, orientada a atender a familias en situación de especial vulnerabilidad con ingresos inferiores a 1,5 veces el Iprem –11.182 euros netos–, para el alquiler de viviendas gestionadas por entidades públicas, en cuyo caso el porcentaje establecido en el Plan Estatal no sería suficiente para garantizar el esfuerzo máximo en el pago de la renta que deben asumir las familias.
«Esta línea de ayudas compensa el vacío que hace el Gobierno central a los demandantes de viviendas en alquiler, en especial a aquellos en graves dificultades económicas», ha señalado Cortés.
ANTE LA DEMORA DEL GOBIERNO
De este modo, y «dada la demora del Gobierno central para firmar con la Junta el convenio de colaboración para el desarrollo del mencionado Plan Estatal», la Consejería ha optado por publicar esta orden, «que está financiada con fondos autonómicos sin perjuicio de que, con posterioridad, puedan ser complementados o ampliados con dinero estatal, o de que las actuaciones realizadas puedan justificarse como correspondientes al plan del Gobierno central», ha abundado la consejera.
En el caso de que pueda disponerse de los fondos estatales, se utilizarán para cada ayuda hasta el límite señalado en el Real Decreto que regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler 2013-2016, y, agotados dichos fondos, podrán seguir abonándose las ayudas íntegramente con fondos autonómicos, «lo que garantiza presupuestariamente la viabilidad de la medida».
«El actual equipo de la Consejería de Vivienda no va a incurrir en errores del pasado, cuando se anunciaban y concedían ayudas sin contar con los fondos necesarios», ha indicado Cortés, quien ha recordado que el Gobierno central aún mantiene una deuda con Andalucía de 62 millones correspondientes a anteriores planes estatales de vivienda», al tiempo que ha urgido a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la firma del convenio para poder desarrollar las líneas de ayudas al alquiler en su totalidad.
En palabras de Cortés, «la nueva línea de ayudas garantiza el derecho humano a una vivienda digna a través del alquiler asequible, fomentado este régimen de tenencia que siempre hemos defendido frente a la compraventa».
Agrega que además la orden contribuye a combatir el stock de VPO que aún se encuentran vacías en la Comunidad, ya que permite a las entidades públicas que mantienen viviendas cerradas sacarlas al mercado, en tanto que es la Junta la que paga la diferencia entre la renta estipulada y lo que el inquilino en situación de vulnerabilidad puede pagar».
«La Consejería da un nuevo impulso a su lucha contra las viviendas vacías mediante el alquiler social, dirigido a todos aquellos demandantes que el actual sistema descarta debido a su limitada capacidad económica», ha destacado la consejera, matizando que la orden de ayudas permite asimismo erradicar los desahucios en parques públicos por motivos de impago de alquiler.
PERFIL DE LOS DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS
La orden publicada este martes establece que el procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y recoge los requisitos que deben reunir los solicitantes de las ayudas, que son de obligado cumplimiento para la totalidad de los miembros de la unidad familiar.
Los requisitos fijados incluyen, en primer lugar, disponer de un informe, emitido por los servicios sociales, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta.
Asimismo, los ingresos de los solicitantes no podrán ser superiores a 1,5 veces el Iprem, de tal forma que la aportación a realizar por la persona arrendataria para el abono de la renta de referencia no podrá superar el 25 por ciento de la suma de los ingresos percibidos por la totalidad de la unidad familiar.
Por otro lado, la ayuda que se solicita deberá contribuir al pago de las mensualidades del año natural al que se refiere la convocatoria, incluso de contratos ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la orden.
Los requisitos fijan por último que los miembros de la unidad familiar no dispondrán de la titularidad o un derecho real de uso sobre ninguna otra vivienda y que no tengan relación de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda.
RETRASO EN EL ABONO DE AYUDAS
Elena Cortés ha resaltado este martes en Córdoba que entre los objetivos está «dar cumplimiento a la Ley de la Función Social de la Vivienda, para que las personas inquilinas no aporten más del 25 por ciento de su renta familiar disponible», así como «potenciar y coadyuvar que no haya ninguna VPO en Andalucía de promotores públicos que no esté habitada, pasando de la venta al alquiler». Ante ello, destaca que «con esta orden no hay ninguna excusa administrativa o económica para que haya desahucios de VPO pública».
Asimismo, preguntada por el retraso en el abono de ayudas para casas en ‘stock’ en la región, la consejera ha explicado que «las personas que tienen derecho a la ayuda y están dentro del programa la van a recibir», si bien subraya que «el nuevo gobierno andaluz ha abierto otras líneas para facilitar el derecho humano a la vivienda».
Así, ha comentado que «habrá habido algún problema puntual, pero la orden forma parte de los presupuestos de la Consejería», aunque ha recordado que «se cerró la línea de trabajo de gobiernos andaluces anteriores», porque «la prioridad» del Gobierno regional actual es «el alquiler, la rehabilitación y la intervención urbana».
Al respecto, apunta que en dichos ámbitos es donde «se sitúan buena parte de los esfuerzos desde el punto de vista de las leyes, el presupuesto y los programas públicos». Por tanto, aclara que «con la orden cerrada se hace frente a ella, pero no está abierta para nuevas solicitudes».
