Por El Gobierno ha identificado alrededor de 200.000 viviendas no declaradas que se están alquilando por Internet a turistas extranjeros sin ningún tipo de control. Industria ha dado orden a las comunidades autónomas de intensificar las inspecciones: se están imponiendo multas de hasta 6.000 euros.
Fuentes del Gobierno conocedoras del proceso, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, explican, que en lo que va de año se han detectado hasta el momento 200.000 viviendas que estaban operando en la ilegalidad.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha denunciado ante Industria, en los meses previos a la temporada de verano, que muchos de estos pisos se ofrecen y comercializan a precios bajos, sin ningún tipo de control, a turistas extranjeros a través de Internet, con lo que se convierten en competencia directa.
Multas de 6.000 euros a los propietarios
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que el ministerio que dirige José Manuel Soria ha atendido las reivindicaciones del sector hotelero, ya que entiende que se trata de competencia desleal para la actividad de estos empresarios turísticos.
Ha ordenado a las consejerías de las comunidades autónomas, dado que la turística es una competencia transferida a las regiones, que los técnicos intensifiquen las inspecciones “puerta a puerta”. Se han establecido multas de hasta 6.000 euros, al calificarse estas prácticas como una infracción administrativa grave.
Las autonomías prohíben el alquiler por días
Según las fuentes consultadas, la mayoría de las autonomías han atendido la orden del ministerio de Industria.
Están endureciendo sus normativas turísticas, y muchas de ellas ya no permiten, por ejemplo, el alquiler por días. Prohíben el arrendamiento inferior a un mes a los propietarios particulares, precisamente para favorecer a los empresarios de alojamientos turísticos, es decir, a hoteles y apartahoteles.
Sublevados los propietarios de apartamentos
En EEUU está prohibido alquilar por periodos inferiores a un mes
Por su parte, colectivos de propietarios de apartamentos, con los que ha contactado este confidencial, se quejan de que esa campaña de sanciones limita la capacidad de uso de las viviendas en propiedad y la libertad del turista para elegir de qué modo quiere pasar sus vacaciones.
