Por El PP de Huelva ha exigido a la Junta de Andalucía y a su presidenta, Susana Díaz, que ejecute las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y readmita a los Agentes Locales de Promoción de Empleo despedidos por el Gobierno andaluz en la provincia de Huelva. Como ha señalado el presidente del PP onubense y secretario de la Mesa del Parlamento, Manuel Andrés González, tras vetar esta semana IU y PSOE una PNL en la Cámara andaluza, “parece claro que Susana Díaz no atiende a las resoluciones judiciales que amparan a estos trabajadores en Huelva”.
Estas sentencias declaran nulos los despidos y aprecian «la concurrencia de fraude de ley y desviación de poder por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, concluyendo que el único fin pretendido era el de eludir la aplicación de la Ley de reordenación del sector público de Andalucía».
En la provincia de Huelva ya se han emitido dos sentencias tras procedimientos colectivos que amparan a los trabajadores de la Costa y del Condado. Aún se espera la resolución judicial otra demanda colectiva de trabajadores de la comarca del Andévalo, al margen de más de una veintena de denuncias interpuestas a título individual.
En este sentido, el dirigente del PP de Huelva ha subrayado que el Gobierno socialista andaluz aprobaba la pasada legislatura una polémica y muy cuestionada ley, para posteriormente soslayar la obligación asumida en la misma de integración del personal de los Consorcios Utedlt de Andalucía, los agentes locales de promoción y empleo, en el Servicio Andaluz de Empleo, un claro ejemplo de incumplimiento y de aplicación discrecional e interesada de las normas promovidas por el propio Ejecutivo».
González ha afirmado que «de manera torticera el Ejecutivo andaluz se ampara en los ajustes del Gobierno de la Nación para intentar vanamente justificar estas discrecionales rescisiones de contratos, pero la justicia ha condenado finalmente su injustificada y arbitraria actuación por vulnerar la normativa autonómica, apreciando una evidente desviación de poder».
El popular ha recordado, igualmente, que, desde marzo de 2014, fecha en la que se notifica las primeras sentencias del Tribunal Supremo, el colectivo de los ALPE despedidos ha intentado «de manera infructuosa obtener una respuesta de la Junta, que se niega a readmitirlos en sus puestos de trabajo, y recurre a medidas dilatorias con la presentación de recursos judiciales contra todas las sentencias que declaran nulos los despidos».
Asimismo, ha censurado la actitud de la presidenta de la Junta que “sistemáticamente, esquiva a estos trabajadores y da la espalda a sus justas reivindicaciones y a las resoluciones de la Justicia”
