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El pleno de octubre deparó un nuevo momento de tensión, resuelto por los concejales socialistas con su marcha de la sesión, después de que el alcalde José Antonio Domínguez Iglesias (PP) llamara al orden por tercera vez al ex gestor socialista, Francisco Bella y lo obligara a abandonar la sala. Se discutía la moción presentada por Izquierda Unida sobre la auditoría solicitada por unanimidad al inicio de la legislatura. La portavoz socialista, Rocío Espinosa, comentó que “el documento no había sido facilitado” a su formación, lo que fue contestado por el popular José Carlos Curto, con un tajante, “no lo tenéis porque no lo habéis solicitado”. Este, confirmó que “se deben 59.5 millones de euros, según la empresa madrileña que la ha realizado”.
Por su parte, Daniel Martínez desde IU sostuvo que esta salida era “un pretexto del PSOE para eludir el debate”. Tras criticar los retrasos en su ejecución y publicación, destacó la constancia de que “el 100% de los expedientes consultados contienen irregularidades”. En sus palabras y según los resultados de la auditoría, “se ha producido un saqueo del patrimonio municipal, con el único fin de sustentar a una red empresarial y clientelar que los mantuviera en el poder, lo que a su vez, produjo una falta de pago en los servicios básicos y los proveedores. En definitiva, un pago actual de la deuda contraída de 5 millones de euros anuales a las entidades bancarias”.
A la segunda intervención de Rocío Espinosa, basada en los edificios realizados durante los 33 años de gobiernos socialistas en la localidad, el alcalde contestó con la caótica situación hallada por el PP en 2011, “cuando nos encontramos una depuradora que se caía a pedazos, los vehículos de la Policía Local sin gasoil y la compañía que nos amenazaba con cortarnos la luz a causa de los impagos”. Aquí comenzó un “rifirrafe” que ocasionó finalmente la expulsión de Bella y el respaldo de los ediles de su grupo municipal, que dejaron vacíos los sillones.
IU calificó la actitud de “vergonzosa falta de respeto a los vecinos, por no poder aguantar la presión de dar explicaciones”. Martínez aclaró que, dentro de la deuda, “no debe incluirse la adquisición de patrimonio municipal, ya que este se compraba la mayor parte de las ocasiones con subvenciones finalistas procedentes de otras administraciones. En realidad y como ejemplo de los desmanes, vamos a tener que pagar dos veces un crédito ICO por actuaciones en Matalascañas que no se hicieron nunca, pero el dinero desapareció”.
En esta línea, el concejal popular responsable de Hacienda, José Carlos Curto, señaló que, “sencillamente, se han ido porque no han podido con el peso de la democracia y la verdad”. Incidió en la situación de extrema gravedad que sufren las cuentas del Ayuntamiento, “aliviada gracias a medidas como la recuperación de servicios que estaban privatizados, gracias a la vía judicial. El PSOE debe saber que Almonte creció como todos los pueblos de España, gracias a los impuestos que pagaron sus vecinos, así que es demagógico atribuirse este logro. Lo que no es de recibo es que la deuda que han generado la tendremos que pagar nosotros y nuestros hijos”.
El alcalde concluyó el debate recordando que “en 2011, Almonte era el segundo pueblo de Andalucía con más deuda por habitante. Ahora estamos por debajo del puesto treinta. Sin embargo, seguimos en el 272 de las 8.000 localidades españolas. Esa es la herencia que hemos recibido de los socialistas. Aún así, tras tres años de practicar un ejercicio de responsabilidad y desde que hemos podido sacar el presupuesto, estamos poniendo en marcha actividades de promoción del municipio, así como obras muy demandas por la ciudadanía, como el Pocito y asfaltado de calles”.
No irá al Consultivo
Previamente, se había rechazado por parte del PSOE y edil no adscrito volver a iniciar el expediente para llevar al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía los dos acuerdos de Junta de Gobierno por los que se adquirieron dos fincas en 2006, bajo gestión socialista, debido a presuntas irregularidades y sobrecostes. El alcalde, José Antonio Domínguez Iglesias (PP), inicio el punto indicando la obligatoriedad para los concejales de seguir la legalidad, y de que se trataba solo de iniciar el expediente, por lo que la decisión no era vinculante.
Sí indicó que la búsqueda del interés general llevaba a reiniciar esta vía –ya fue aprobada en pleno en marzo de este año, pese a lo cual el expediente había caducado antes de llegar a término- , puesto que existían indicios razonables de ilegalidad en el procedimiento y el precio. Señaló que se había producido una recusación contra su persona por parte de la parte vendedora, “pero no tenía lugar en esta parte del procedimiento”.
Las argumentaciones del edil no adscrito y PSOE –el reciente sobreseimiento penal de la causa y la constante revisión de pasado-, fueron contestadas por el portavoz José Joaquín de la Torre (PP) con las supuestas irregularidades detectadas en la compraventa. “Si estáis seguros de la gestión, debéis votar a favor. Aquí se pagaron contra el informe del interventor 4’3 millones de euros por dos fincas que valían 2,7 millones, gracias a un expediente que José Villa hizo en una semana. Queremos devolver el dinero a los almonteños y que no sigan pagando estos abusos”, sostuvo.
Por su parte, Izquierda Unida argumentó que “cualquier ciudadano votaría a favor de la revisión, para no seguir soportando económicamente una gestión tan nefasta”. En este sentido, Daniel Martínez trasladó las conclusiones de la Cámara de Cuentas, organismo independiente que ya en 2008 detectó diversas irregularidades tales como la falta de memoria justificativa o el procedimiento ‘a dedo’ mediante el que se formalizó”. De la Torre concluyó recordando que se ha recurrido la decisión del juez, “puesto que ha creído la versión de los imputados sin prueba documental alguna, por lo que la denuncia será vista ahora en la Audiencia Provincial”.
Otros puntos
En el informe de Alcaldía, la concejala de Urbanismo Fátima Pérez denunció la persecución a la que están sometiendo al equipo de Gobierno del Partido Popular, y a su persona. Por cuarta vez, el juez ha desestimado la denuncia por prevaricación interpuesta contra ella por una particular, “con el apoyo de abogados afines a un partido político”, en una clara referencia al PSOE.
Del mismo modo, el portavoz y concejal de Medio Ambiente José Joaquín de la Torre advirtió que “los socialistas en la Junta de Andalucía nos han remitido un documento por el que se suspende el programa Biomasa por Empleo”, que ha generado más de 10.000 peonadas en el municipio. “Sin duda, una mala noticia para desempleados, defensores del medio ambiente, cazadores, piñeros y ganaderos”. Acusó a los socialistas almonteños de instigar esta paralización y anunció que, “caso de no obtener respuesta por parte de la delegada, iremos donde haga falta”.
En los dictámenes, no salió adelante –por contar solo con los votos populares- la propuesta para desafectar una parcela ubicada en el Polígono Industrial con el objetivo de cederla a la comunidad islámica de la localidad, que pretende poner en marcha un centro cultural. No obtuvo el respaldo de PSOE, IU y concejal no adscrito, pese a que el secretario informó que se trataba del trámite “más coherente”. Por último, se aprobó por unanimidad el Plan de Igualdad del Ayuntamiento, paralizado desde 2007. El alcalde recalcó que “este es, sin duda, un logro de todos”.
