WWF cree que el Plan de la Corona Norte “no dará solución a problemas” de uso del suelo y agua en Doñana

La organización ecologista WWF considera que el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos al Norte de la Corona Forestal de Doñana, que afectará a una superficie de 64.457 hectáreas, de las que aproximadamente 9.340 son susceptibles de ser consideradas como regables, “no dará solución a los graves problemas” de uso del suelo y agua en Doñana.

La organización ha informado en una nota que lleva años denunciando en Doñana “el uso ilegal del agua y del suelo, alertando de la existencia de más de 1.000 pozos ilegales, más de 2.000 hectáreas de fincas agrícolas situadas en suelos catalogados como monte público y la ocupación de cauces de ríos y arroyos.

A su juicio, es “urgente contar con un plan que ponga orden en la agricultura de Doñana, por una cuestión de responsabilidad internacional y para asegurar el futuro de la agricultura en Doñana y la conservación de los valores naturales”.

Sin embargo, tal y como ha alertado en numerosas ocasiones la organización, el plan aprobado es “insuficiente para afrontar los importantes retos que se plantean, como la ordenación del territorio, ya que simplemente amnistía toda la superficie existente con y sin permisos en febrero de 2004; o el agua, al consolidar más de 4.000 hectáreas de riegos ilegales o del suelo y favorecer la descatalogación de más de 2.000 hectáreas de montes públicos ocupados”.

El plan, aseguran, nace “sin contar con el apoyo” ni de organizaciones conservacionistas ni de los agricultores, en parte debido a “la nula participación en los inicios de redacción del plan, donde estaba previsto la celebración de talleres y jornadas participativas específicas pero que no se celebraron”.

Ante “la inacción y falta de control” por parte de las administraciones en la gestión de los recursos naturales, organismos internacionales han dado la voz de alerta, como Unesco, Ramsar e IUCN o la propia Comisión Europea, que recientemente “ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la situación del acuífero”, indicando además que “incluso la gravedad de la situación ha hecho que la Fiscalía General del Estado investigue el uso ilegal del agua en la zona”.