Por La organización WWF considera que la Junta de Andalucía tiene «herramientas legales suficientes» para denegar la Autorización Ambiental Unificada al proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana que impulsa gas natural.
En declaraciones a Efe, el coordinador de la Oficina de Doñana de WWF, Juanjo Carmona, ha precisado que en la respuesta de la Comisión Europea a la consulta realizada por la Junta de Andalucía para que esta dirimiera sobre la normativa que prevalece sobre este proyecto, se especifica lo que exige la Directiva Hábitats a las autoridades antes de autorizar un proyecto.
Se exige realizar una evaluación de las posibles repercusiones del proyecto sobre los lugares de la Red Natura 2000 que puedan verse afectados e incluir un análisis de los efectos acumulativos con otros planes y proyectos ya autorizados en ese lugar protegido.
Desde la organización, ha indicado Carmona, se considera que en el proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana «faltan ambos, porque en la propia DIA se dice que el promotor, antes del comienzo de las obras, debe obtener el certificado de no afección a la Red Natura 2000 de la Junta -lo que demuestra que no se tiene la certeza de no afección-, y, en la DIA, no hay un estudio del impacto acumulativo del proyecto declarado viable con los ya autorizados, algunos del mismo promotor».
El proyecto «no cumple con las exigencias de la Directiva 92/43/CEE de hábitats», algo que les lleva a reclamar a la Junta de Andalucía a que no conceda la AAU ya que «tiene herramientas legales suficientes para hacerlo».
Por su parte, la secretaria general de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua, Carmen Lloret, ha precisado a Efe, que lo que se va a hacer desde la Junta de Andalucía, tras la respuesta de la CE es «insistir al Ministerio con respecto al planteamiento que tenemos de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tiene que incluir un análisis de los efectos acumulativos de los distintos proyectos en su conjunto y que queremos cerciorarnos de que no habrá ningún efecto negativo para la integridad de un lugar tan emblemático como Doñana».
Se produce después de que la CE plantease que confía en que «las distintas administraciones implicadas -en este caso, Estado y Junta de Andalucía- trabajen conjuntamente» para «asegurarnos de que, en el caso de que los proyectos sean autorizados, todos los posibles efectos negativos que pueda haber sobre un espacio como Doñana, se traten de conformidad con las obligaciones que marca la normativa vigente de la Unión Europea en materia de medio Ambiente», ha dicho.
