Por El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha acusado al Gobierno central de “criminalizar la protesta ciudadana” para “reprimir la exteriorización y expresión del conflicto social y limitar el derecho de los ciudadanos a expresar su protesta y manifestar sus reivindicaciones”.
De Llera ha subrayado que dicha criminalización de la protesta se acredita con el incremento de las penas y conductas típicas y de los delitos de atentado, desobediencia y desórdenes públicos. Así lo ha manifestado en la conferencia sobre las Últimas reformas penales que ha impartido en la facultad de Derecho de Huelva con motivo del acto de celebración del santo patrón de los juristas y padre del derecho canónico, San Raimundo de Peñafort.
El consejero ha calificado la reforma del Código Penal empren-dida por el Gobierno de “durísima e innecesaria” porque no responde a la necesidad derivada del incremento de la criminalidad ni tampoco a una sensación de inseguridad verificable e irrefutable entre la generalidad de los ciudadanos. Por el contrario, De Llera la ha tildado de “ideológia-propagandística” y ha asegurado que responde a “la entronización del populismo punitivo”.
Entre las reformas previstas, De Llera ha destacado el estableci-miento de la llamada prisión permanente revisable, pena que supone “la introducción en nuestro sistema de la cadena perpetua” y que “nos sitúa en la antesala de la pena de muerte, porque la idea que late en ella es la de la inocuización definitiva del delincuente, impidiendo que vuelva a vivir en libertad”.
El consejero de Justicia considera, además, que la reforma “cri-minaliza a las personas con trastorno mental” ya que el internamiento en un centro psiquiátrico se prevé por 5 años y es susceptible de prolongación por periodos sucesivos de 5 de prórroga, sin establecer para ello límite o tope alguno.
La crisis para desmontar el Estado de Derecho
El consejero de Justicia ha afirmado en su intervención que “las soluciones que se plantean para la superación de la crisis económica son fórmulas que se basan casi en exclusiva en la idea de que la única solución es la destrucción del Estado de Bienestar y la desaparición de los derechos básicos de ciudadanía”.
Basándose en esta premisa, De Llera ha destacado que, con la crisis económica como pretexto, en nuestro país se está procediendo a desmontar el Estado Social, pero también el Estado de Derecho. “Los ejemplos son muchos, y la Justicia no está siendo ajena a esta involu-ción, especialmente en el campo penal”, ha apuntado.
En este sentido, De Llera ha dicho que la figura de la libertad condicional es, sin más, “destruida: ahora es solo un supuesto de sus-pensión y si el penado reincide, deberá cumplir toda la pena que le quedaba pendiente cuando salió de prisión”.
Por otro lado, la reforma del delito de concurso, quiebra o ban-carrota resulta sorprendente, pues sitúa como indicador de delito el haber participado en negocios especulativos, cuando ello carezca de “justificación económica”, lo que supone que la especulación, denos-tada sistemáticamente, pueda ser admitida como una práctica respe-table si rinde beneficios. “Es lamentable”, ha señalado el consejero.
Por último, De Llera ha mencionado la propuesta relativa a la disminución de la edad penal de los menores, que “recupera las ideas de nuestros códigos penales del siglo XIX”, o la nueva regulación del aborto, “para eliminar el derecho a decidir de las mujeres sobre la generación o no de hijos”.
Por tanto, ha concluido, la salvaguarda de los derechos funda-mentales exige no sólo su formulación en las leyes, ni siquiera basta el establecimiento de mecanismos legales y judiciales de protección, sino que exige una vigilancia permanente de la sociedad civil y de los intelectuales, de los partidos políticos y de las organizaciones sociales que impida las regresiones del sistema.
