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La juez Mercedes Alaya ha dejado hoy en libertad con cargos a las ocho dirigentes políticas que han declarado en la operación Barrado sobre cursos de formación impartidos con fondos públicos, en la que se han detenido a 16 responsables de la Junta de las ocho provincias andaluzas.
Ante la juez han declarado cuatro delegadas provinciales de Empleo en Andalucía, dos ex directoras generales y dos responsables de centros formativos públicos.
En el auto de imputación de al menos una de las delegadas de Empleo, la juez aborda supuestas órdenes que habrían recibido de sus superiores de la Consejería de Empleo para no controlar los cursos y beneficiar electoralmente al PSOE, han informado a Efe fuentes jurídicas, que descartan lucro personal en las imputadas.
La juez, que investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, indaga sobre cursos impartidos entre 2010 y 2012 y también se ha referido a la actividad de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), de carácter publico y dedicada a la formación.
Tras interrogatorios celebrados hasta la madrugada y durante esta tarde en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, las ocho políticas han sido puestas en libertad con cargos, la mayoría de ellas tras acogerse a su derecho a no declarar y sí hacerlo previamente ante la Guardia Civil.
Para la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO), de Mijas (Málaga), María de la O Ustarán, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que le imponga una fianza de responsabilidad civil de más de seis millones de euros.
Además, la Fiscalía ha pedido para la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María José Lara, de Lucena (Córdoba), una fianza civil de más de un millón de euros.
Esta tarde, la juez ha dejado en libertad a Ustarán así como a la hasta ayer delegada de Empleo de Sevilla, Aurora Cosano, cesada tras ser detenida; a la exdelegada en Almería Francisca Pérez Laborda; y a Marina Martín Jiménez, exdelegada en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí.
Tras declaraciones que se alargaron hasta las 03.30 horas de esta madrugada, la juez dejó en libertad con cargos a otras cuatro dirigentes políticas que comparecieron en su juzgado.
Entre ellas, la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido, cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, imputado por la juez tras recibir más de 33 millones en cursos.
También dejó libre a Ana María Orihuela, ex directora-gerente del Consorcio Centro Andaluz de Formación Profesional para el Desarrollo Sostenible (Formades) de Almonte (Huelva), y a Irene Sabalete, exdelegada de Empleo en Jaén, a la que un audio hecho público ayer atribuía presiones a sus subordinados para que hicieran campaña a favor del PSOE en las elecciones autonómicas de 2012.
En las próximas horas está previsto que la juez llame a declarar a otros cuatro políticos andaluces detenidos ayer por la mañana: Antonio Rivas, delegado en Sevilla e imputado en los ERE; Antonio Fernández Ramírez, delegado de Córdoba; Juan Manuel Bouza, de Cádiz; y Eduardo Manuel Muñoz García, delegado de Empleo en Huelva hasta ayer, cuando fue cesado.
Algunos de los otro cuatro detenidos podrían ser citados esta noche, y el resto lo harían mañana, según fuentes judiciales.
A la operación se le ha denominado Barrado en referencia al nombre que recibe un documento contable de la Junta de Andalucía, que anula total o parcialmente el importe consignado en otro documento contable de la misma naturaleza, han precisado fuentes judiciales.
