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La Diputación de Huelva ha transferido ya a los 73 Ayuntamientos adheridos al Plan Extraordinario de Empleo para Situaciones de Vulnerabilidad Social Sobrevenida el dinero para que éstos comiencen las contrataciones de las personas beneficiarias de este programa, dotado con un millón de euros. Personas víctimas de la crisis económica que se encuentran en riesgo de exclusión social, especialmente pertenecientes a unidades familiares con menores y familias monoparentales, son los beneficiaros de este Plan de Empleo, que el año pasado posibilitó la contratación de 1.799 personas.
Las aportaciones que Diputación ha realizado a los Ayuntamientos, según criterio de población y número de demandantes de empleo, oscilan entre los 5.000 euros de Cumbres de Enmedio y los 24.500 euros de Valverde, Bollullos, Cartaya, Punta Umbría y Ajaraque, éstos últimos con más de 2.000 demandantes de empleo, y con menos de 25 el Ayuntamiento serrano. El Plan finalizará el próximo 30 de junio, fecha tope para la realización de la última contratación por parte de los Ayuntamientos.
Según ha explicado la diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, como paso previo a estas contrataciones, los Servicios Sociales Comunitarios, a través de las 9 zonas de trabajo social, ya han comenzado las valoraciones y selección de los beneficiarios de este Plan, que tiene como principal objetivo la colaboración con los Ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y vecinos, especialmente de aquellos más afectados por la crisis económica.
Por ello, va dirigido a familias con todos los miembros en paro, jóvenes en paro y personas en situación de desempleo de larga duración, personas que no pueden hacer frente a los gastos de vivienda, familias monoparentales en desempleo y sin redes sociales de apoyo, familias empobrecidas con menores, familias inmigrantes en cualquiera de las situaciones anteriormente dichas y mujeres víctimas de violencia de género.
Las contrataciones serán de carácter temporal, en la modalidad de contrato por obra o servicio determinado, por una cuantía que se corresponderá, como máximo, a la del salario mínimo interprofesional para 2015, establecido en 648,60 euros al mes. Los Ayuntamientos, con cargo a sus propios presupuestos, podrán complementar estos importes hasta lo establecido en sus respectivos convenios de aplicación al personal de dichas entidades. Paralelamente a la contratación, las personas beneficiarias recibirán apoyo técnico para la superación de crisis personal y social, por parte de los Servicios Sociales Comunitarios.
Rocío Cárdenas ha puntualizado que la previsión de contratación para este año dependerá de la duración del contrato, “a menor duración, los Ayuntamientos podrán contratar, lógicamente, a más personas”. Este año las bases estipulan que las contrataciones podrán hacerse por periodos comprendidos entre 1 y 4 meses de duración, a diferencia del Plan 2014 que permitía una contratación de entre 15 días y tres meses.
La responsable de Bienestar Social ha recordado que el año pasado 72 Ayuntamientos se adherieron a este programa extraordinario, que cumple la doble misión de “evitar situaciones de riesgo y exclusión y posibilitar el acceso al mundo laboral”. Las 1.799 personas contratadas en 2014 son, según Cárdenas, “un claro ejemplo de la eficacia de estas medidas extraordinarias de empleo, enmarcadas en el Plan Provincial de Acción Social con el que Diputación apoya a las familias y colectivos más necesitados de la provincia”. En este contexto, ha recordado otros servicios y programas ofrecidos desde el Área de Bienestar Social, como las ayudas a través del Economato “Resurgir”, las ayudas económicas familiares o las de emergencia social, destinadas “a incrementar los factores de protección personal, familiar y social de las unidades familiares en situación de vulnerabilidad social”. Estas ayudas cuentan este año con un presupuesto de 1,6 millones de euros.
