Por Andalucía ha vuelto a encabezar la estadística nacional en lo que respecta a litigiosidad, que aumentó un uno por ciento en 2014 con respecto al año anterior, situándose en un total de 1.870.148 asuntos ingresados por los órganos judiciales de la comunidad autónoma, y rompiendo así la tendencia de disminución de los últimos cuatro años, según los datos de la Memoria anual de actividades y funcionamiento correspondiente a 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), presentada este miércoles por su presidente, Lorenzo del Río.
El dato positivo es que la tasa de resolución se sitúa en el 1,01 (frente al 1,03 de 2013), lo que indica que los órganos judiciales andaluces se sitúan en un «buen nivel de productividad», ya que se han resuelto más asuntos de los ingresados, excepto en la jurisdicción social y contencioso-administrativa. Así la pendencia a final de año ha disminuido un 1 por ciento, si bien la anualidad anterior fue superior al 7 por ciento.
El presidente del TSJA ha señalado que el porcentaje de ingresos sigue siendo «demasiado elevado», como es habitual desde 2007, y ha alertado de que la actual situación «impide», con los actuales recursos y «déficit organizativo», dar una respuesta «de calidad y en tiempo razonable».
De hecho, Andalucía tiene un porcentaje superior al 21 por ciento de la litigiosidad nacional, que alcanzó en total los 8.653.160 en los órganos judiciales españoles. Si la tasa en el conjunto del Estado ha sido de 185 asuntos por cada 1.000 habitantes, significa en el ámbito del TSJA una tasa de 218,2 asuntos por cada 1.000 habitantes, por lo que sigue siendo la más alta de España, seguida de Madrid (203,8) e Illes Balears (198,5).
Por órdenes jurisdiccionales, las cifras tienen sin embargo distinta lectura e intensidad, pero destaca la contencioso-administrativa, que ha ingresado el 45 por ciento más, aunque la incidencia es mucho más relevante en la primera instancia, de forma que en los juzgados de lo contencioso-administrativo existe un incremento del 59 por ciento con respecto al año anterior.
El importante aumento del número de ingreso de asuntos afectó el pasado año principalmente a temas de personal, debido a la conflictividad derivada por las modificaciones en materia retributiva y jornada de trabajo, singularmente en colectivos de funcionarios públicos y personal estatutario.
También la jurisdicción Mercantil ha sufrido un gran aumento de asuntos ingresados. Los Juzgados de lo Mercantil han ingresado un 75 por ciento más que el año 2013 y se han resuelto un 14 por ciento más que el año anterior, y la pendencia en este ámbito ha crecido un 69 por ciento.
No obstante, se han iniciado menos concursos de acreedores que en 2013, lo que supone una bajada del 15 por ciento. Destaca el incremento de ingresos en materia no concursal, en concreto un 167 por ciento respecto al año anterior. Asimismo, las medidas cautelares registradas han crecido un 210 por ciento respecto a 2013.
LA ANULACIÓN DE CLÁUSULAS SUELO «DESBORDA» LO MERCANTIL
Es «significativo» el aumento de temas relacionados con las condiciones generales de la contratación y la anulación de cláusulas suelo, materia que «desborda» la jurisdicción mercantil e impide «tiempos razonables de respuesta» e incluso puede llegar a «colapsarla» si continúa ese ritmo de ingreso.
Respecto a las demás cifras, la jurisdicción civil ingresó un 12 por ciento más de asuntos, frente al porcentaje de descenso del pasado año (el siete por ciento). En las Audiencias Provinciales existe un incremento medio global del uno por ciento, que oscila significativamente por provincias, con un descenso del 11 por ciento en Almería frente a un incremento del 13 por ciento en Huelva.
En el lado opuesto se sitúa la jurisdicción penal, que ingresó un dos por ciento menos de asuntos que en el año 2013. Por su parte, la jurisdicción social ingresó un nueve por ciento menos de asuntos (frente al descenso del cinco por ciento del pasado año).
La estadística general, según se incide en la memoria, indica que durante 2014 las tasas no han logrado reducir la conflictividad o, lo que es lo mismo, la ley de tasas ha dejado de tener incidencia relevante en las cifras de litigiosidad.
Por otra parte, la Memoria refleja otros datos estadísticos, como que los procedimientos penales suponen el 75 por ciento del total de asuntos ingresados, o sea, tres cuartas partes de los asuntos registrados, en línea y proporción de años precedentes, evidenciando que la reforma de esta jurisdicción sigue siendo «una de las mayores responsabilidades y asignaturas pendientes del legislador».
En el otro extremo, se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un cuatro por ciento) y contencioso administrativa (un tres por ciento), mientras que la jurisdicción civil supone un 18 por ciento del total de asuntos ingresados.
El problema sigue siendo la tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre superior a los asuntos que se resuelven, lo que significa realmente que la valoración final «no puede ser satisfactoria por la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes».
En este sentido, según ha incidido del Río, durante esta anualidad no han dado los frutos deseados la adscripción de jueces de refuerzo, al no venir también acompañada de la asignación de funcionarios para posibilitar mayor tramitación de asuntos, celebración de juicios y vistas.
Para avanzar significativamente en la normalización de ciertos Juzgados o jurisdicciones, así como en la reducción de la bolsa de asuntos pendientes, será imprescindible en 2015, según se recoge en la memoria, «obtener mejor respuesta de la Administración prestacional a la hora de coadyuvar en los planes de refuerzo con jueces».
