Por El enroque en sus posiciones de las cinco fuerzas con representación parlamentaria ha aplazado “de facto” la investidura de la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, hasta después de los comicios del 24 de mayo, una vez que la Cámara ha rechazado hoy, por tercera vez, su designación.
Al igual que en las dos votaciones anteriores, Díaz ha recibido 62 votos contrarios -los 33 del PP, 15 de Podemos, 9 de Ciudadanos y 5 de IU- frente a los 47 favorables del PSOE, pero en esta ocasión no se ha fijado una nueva fecha para la votación y se da por seguro que no se producirá hasta después de las elecciones municipales.
Todos los partidos de la oposición han coincidido en que no debe celebrarse otra votación mientras no haya un acuerdo que garantice la investidura y, aunque ninguno es partidario -en principio- de la convocatoria de nuevas elecciones, no descartan dicho escenario.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece, en su artículo 118.3, que se tramitarán sucesivas propuestas en caso de que el candidato no consiga la mayoría simple y “si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones”.
La mayoría de los partidos han reclamado que la presidenta en funciones, Susana Díaz, se ponga al frente de las negociaciones, al tiempo que han negado que los líderes nacionales de sus formaciones estén liderando o condicionando los posibles acuerdos.
Díaz ha advertido de que no va a “permitir” que Andalucía sea “un cromo de nadie” el 24 de mayo, y ha recalcado que si Andalucía tiene que celebrar unas nuevas elecciones se hará, a lo que ha añadido: “Si alguien no las teme es el PSOE ni esta candidata”.
“No es de recibo” que quien ha ganado las elecciones tenga que “asumir íntegramente lo que dicen quienes han perdido; eso no es dialogar, es dogmatismo”, ha denunciado Díaz, que cree que el resto de los partidos ponen “excusas” para no facilitar la investidura.
