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El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha citado a declarar como imputados a la presidenta del Puerto, Manuela de Paz, y al exdirector de la Autoridad Portuaria, Pedro García, tras la denuncia de Comisiones Obreras por la supuesta comisión de siete delitos, entre ellos prevaricación y malversación de fondos públicos.
Todos están citados para el próximo día 23, según reza en la citación judicial.
Según ha remarcado CCOO en una nota de prensa, el sector estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO denunció el 28 de mayo de 2014 ante la Fiscalía a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de Paz; al exdirector de la Autoridad Portuaria de Huelva, Pedro García, y a la que era entonces delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Carmen Lloret, por la supuesta comisión de siete delitos, entre ellos prevaricación y malversación de fondos públicos.
Según ha informado el sindicato CCOO en una nota, interpusieron la denuncia por la presunta comisión de un delito ambiental del artículo 325 y otro del 329 del Código Penal (CP); un delito de prevaricación del art. 404 del CP; un delito de falsedad del art.390.1.4º del CP; un delito contra la integridad moral del art. 173.1 párrafo 2º del CP; un delito contra los trabajadores del art. 173 del CP; un delito de malversación de fondos públicos, y fraude de subvenciones del art. 308 del Código Penal.
En este sentido, desde el Sector Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO se denunció un supuesto delito de prevaricación al «haber utilizado la presidenta del puerto, en su condición de autoridad-funcionaria pública, la adjudicación a Sandetel de trabajos contenidos en la asistencia técnica para la renovación tecnológica, modernización, mejora de seguridad y gestión de los sistemas de información y telecomunicaciones de la APH con un presupuesto de inversión de 1,1 millones de euros».
En concreto, recuerda que se produjo esa adjudicación «haciendo caso omiso a las recomendaciones del Ministerio de Fomento (organismo competente en Puertos del Estado) que a través de informe jurídico de Puertos del Estado, desaconsejó categóricamente dicha adjudicación».
Asimismo, el Sector Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO denunció también «la supuesta comisión de delitos medioambientales en el proyecto ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo que requería preceptivamente evaluaciones ambientales y evaluación Red Natura 2000».
En este sentido, considera que «se podría haber incurrido en delitos medioambientales recogidos en el Código Penal», así como en «un delito de fraude de subvenciones ya que la presidencia de la Autoridad Portuaria obtuvo una subvención a través de los fondos comunitarios Feder de más de 120.000 euros supuestamente falseando las condiciones requeridas para su concesión y ocultando exigencias que sin duda hubieran impedido la concesión de esos fondos».
Así, han indicado que «no sólo ocultó las evaluaciones de la RED Natura 2000 y de Impacto Ambiental sino que, para cubrir formalmente la exigencia del Estudio de Impacto Ambiental supuestamente incluyó fraudulentamente en el expediente dos escritos antiguos del Ministerio de Medio Ambiente de fecha 19 de diciembre de 2007 y del 8 de enero de 2009, emitidos respecto a la primera fase de ampliación Sur del mismo muelle, pero que carecían de validez con respecto a la segunda fase, y todo ello, supuestamente porque se le cumplía el plazo para cobrar los fondos Feder de esta segunda fase (Programa 2008-2013)».
Además, la Sección Sindical de CCOO en la APH interpuso el pasado día 15 de diciembre una nueva denuncia contra la presidenta del Puerto, Manuela de Paz y el entonces director, Pedro García, por un supuesto delito contra la libertad sindical y el Derecho de Huelga, recogidos en el art 311 y siguientes del Código Penal.
La sección sindical ha afirmado que «la actitud por parte de De Paz se ha agravado tras la denuncia presentada y por la que hoy se la llama en calidad de imputada, así como el último proceso electoral donde CCOO obtuvo la mayoría de representación».
Finalmente, el sindicato ha reclamado que al margen de las responsabilidades penales que tendrán que dirimir los jueces, debería de adoptarse inmediatamente «responsabilidades políticas, ya que «todos los denunciados son cargos públicos nombrados por el Gobierno de la Junta de Andalucía».
