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El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha replicado en el Pleno este jueves a Podemos que la imputación de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de Paz, por un delito relacionado con el medio ambiente, «no se debe a un caso de corrupción», al tiempo que ha defendido que «en dos ocasiones» la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa.
Así ha respondido el consejero en el Pleno a una pregunta planteada por el diputado de Podemos Jesús Romero, que ha planteado qué medidas que tiene previsto tomar la Junta tras la imputación penal de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, a la que el Juzgado de Instrucción número 5 le ha imputado hasta siete delitos a tenor de una denuncia de CCOO, en la que reprocha a la Autoridad Portuaria que en el proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo no fue solicitada la preceptiva evaluación medioambiental prevista dada la posible afectación de espacios protegidos de la Red Natura 2000 declarados LIC.
Así las cosas, Jiménez Barrios ha mostrado el respeto del Gobierno andaluz ante todas las decisiones judiciales, al tiempo que ha puesto a disposición de la justicia toda la colaboración necesaria. No obstante, ha recordado que la imputación de la presidenta de la Autoridad Portuaria «es un procedimiento que aún está abierto», por lo que ha abogado por «esperar a que transcurran los acontecimientos».
En su turno de réplica, el diputado de Podemos ha censurado que con esta actitud, «somos testigos de nuevo de la impunidad» con la que actúa el Gobierno de la Junta, de la «falta de lucha» que ejerce «contra la corrupción» y de la «indecencia con la que la Junta gestiona los recursos públicos».
Así, Romero ha advertido de que la postura de la Junta ante este caso sea «la de siempre», que es «impunidad y corrupción sistemática», lo que provoca que «millones de euros acaben en cajas sin explicación».
Por su parte, Jiménez Barrios ha criticado que Podemos, más que preguntar, «venía al Pleno a soltar un dictamen propio de juez para dictaminar la culpabilidad de la presidenta». «Eso no es la democracia», ha remachado.
Ha destacado que el fiscal se ha pronunciado en dos ocasiones pidiendo el sobreseimiento de la causa, así como que «no es un caso de corrupción, sino de acusaciones laborales».
En cualquier caso, el vicepresidente ha afirmado que «hay que dejar que funcionen las instituciones» y que el Gobierno de la Junta «va a estar atento» y si hubiera imputación por corrupción, «actuará en consecuencia».
