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El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Huelva, José Luis Ramos, ha asegurado este lunes que la institución espera vender las acciones de la Sociedad Gestora Aeropuerto Cristóbal Colón, para recuperar los recursos públicos invertidos, “cuando el proyecto sea una realidad”.
En rueda de prensa, y preguntado por este asunto, José Luis Ramos ha remarcado que “la mejor garantía” para el futuro aeropuerto es que la institución siga formando parte de la citada sociedad, en la que cuenta con el 46 por ciento de las acciones, mientras que el 50,9 pertenece a la sociedad Huelva Desarrollo y Progreso.
En este sentido, la Diputación “tiene que seguir en esa sociedad como garante del interés general y de la Declaración de Impacto Ambiental”, a la par que ha remarcado que espera “vender las acciones para recuperar los recursos públicos invertidos cuando el proyecto sea una realidad”.
Todo ello después de que el portavoz de Izquierda Unida en la Diputación onubense, Pedro Jiménez, anunciara el pasado sábado que reclamará con una moción en el próximo pleno provincial “que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para la venta de las acciones que posee el ente provincial en la Sociedad Gestora Aeropuerto Cristóbal Colón como medio para recuperar el dinero público invertido”.
En este sentido, ha hecho hincapié en que “si el aeropuerto finalmente es una realidad sería la inversión más barata que ha hecho la Diputación en su historia, 50.000 euros al año durante diez años”.
Por todo ello, considera “inadecuada e inapropiada” la salida de la Diputación de la sociedad aeroportuaria, ya que, a su juicio, “la institución tiene que estar como verdadera provocadora de su construcción”, indicando además que “la Diputación no construye aeropuertos, sino que los promociona y provoca que los inversores los realicen”.
Además, ha remarcado, el sector turístico “demanda seguridad”, y ha insistido en que es “el principal garante de este proyecto, así como que es indispensable que la Diputación permanezca como tal” porque, según ha recordado, “en el propio pliego de condiciones se le concedía a la Diputación esta garantía”, a lo que ha añadido que, en caso contrario, “podrían incurrir en una ilegalidad”.
